Acusan de «negligencia criminal» a autoridades por la explosión del puerto de Beirut

Human Rights Watch acusó de "negligencia criminal" a autoridades libanesas por explosión de Beirut.

Por las devastadora explosión el 4 de agosto de 2020 hay 18 personas detenidas en el marco de la causa, entre ellas el director de Aduanas y el director del puerto. Está implicado el exprimer ministro.

La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a las autoridades del Líbano de negligencia criminal, de violación del derecho a la vida y de bloquear la investigación local sobre la devastadora explosión el 4 de agosto de 2020 en el puerto de Beirut.

La organización no gubernamental recomendó la creación de una misión de investigación independiente de la ONU y sanciones internacionales contra los altos responsables libaneses.

La gigantesca explosión del 4 de agosto de 2020, que dejó 214 muertos y más de 6.500 heridos, fue provocada por un incendio en un depósito que almacenaba varios cientos de toneladas de amonio desde 2014.

Un año después de la tragedia, ningún responsable ha sido llevado ante la Justicia.

Tras haberse negado categóricamente a una investigación internacional, las autoridades libanesas apartaron de sus funciones al primer juez del caso, Fadi Sawan, después de que inculpara a altos responsables, entre ellos el exprimer ministro Hassan Diab.

Su sustituto, Tarek Bitar, se enfrenta también a obstáculos, sobre todo la negativa del Parlamento de levantar la inmunidad de algunos de sus miembros, sospechosos de implicaciones en la explosión.

El 20 de julio de 2020, apenas unos días antes de la tragedia, el presidente Michel Aoun y Diab habían recibido una advertencia de parte de los servicios de inteligencia.

Diab, que renunció con todo su gobierno una semana después del estallido, está inculpado, y 18 personas se encuentran detenidas en el marco de la causa, entre ellas el director de Aduanas, Badri Daher, y el director del puerto, Hassan Koraytem.

En un informe de 126 páginas, HRW documentó los múltiples incumplimientos de las instancias políticas y de seguridad del país en la gestión de ese depósito de materiales peligrosos desde su llegada al puerto en 2013 hasta su explosión.

Decenas de responsables gubernamentales, de aduanas y responsables de seguridad locales que se encontraban al tanto de los peligros que se corrían, según la ONG, están identificados en ese documento, informó la agencia de noticias AFP.

«Varias autoridades (…) demostraron negligencia criminal, según la ley libanesa, en la gestión del cargamento», dijo HRW, que se basa en varias entrevistas y cientos de documentos de correspondencia oficial, algunos de los cuales nunca se hicieron públicos.

«Las pruebas sugieren con fuerza que algunos responsables gubernamentales eran conscientes del riesgo de muerte que podía provocar la presencia de nitrato de amonio y tácitamente aceptaron ese riesgo», lamenta HRW.

La ONG recomendó sanciones contra el conjunto de los individuos y entidades «implicados en esas violaciones continuas de los derechos humanos (…) y los esfuerzos para sabotear» la investigación local.

El juez Bitar reclamó al Parlamento el levantamiento de la inmunidad de tres diputados que ocuparon puestos de ministros -Ali Hasan Khalil (Finanzas), Ghazi Zaayter (Obras Públicas y Transporte) y Nouhad al-Machnouk (Interior)- para procesarlos.

También quiere inculpar a responsables de inteligencia.

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