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La esposa de Adolfo intentó censurar a Google

La Cámara Federal de Mendoza revocó una medida cautelar que ordenaba a los motores de búsqueda eliminar los resultados sobre una denuncia contra la actual esposa del Senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá, en un claro intento de censura a los medios de la región.

La Sala A de la Cámara Federal de Mendoza hizo lugar al recurso de apelación impetrado por Google y consideró nula y arbitraria la cautelar dictada en autos “VARTALITIS, GISELA BETIANA DEMANDADO: GOOGLE INC s/INC APELACION”  por el Juzgado Federal de San Luis. La consideración del tribunal radica en que dicha decisión implica  “un acto de censura que interrumpe el proceso comunicacional”.

La medida ordenaba a Google y Yahoo eliminar los resultados que mostraban los buscadores sobre notas periodísticas por supuestos casos de corrupción.

La defensa consideró que la actora, en su carácter de persona pública se encuentra   obligada   a   tolerar   este   tipo   de   comentarios   siempre   que   sean realizados dentro de un marco de legalidad y sin caer en calumnias e injurias o invasiones groseras a la intimidad, las que prima facie, no se advierten en el presente caso.

La empresa expresó que tanto el juzgador como la actora cometen   el   error   de   considerar   que   su   mandante   es   quien   publica   dicha información, cuando en realidad es solo un “motor de búsqueda” que enlaza páginas   web   de   terceros, actividad   que   goza   de   expresa   protección constitucional.

La  Sala A de la Cámara Federal de Mendoza por voto elaborado por el camarista Alfredo Rafael Porras, al que además se sumaron Juan Ignacio Pérez Curci y Manuel Alberto Pizarro consideran que el fallo apelado  “es   fácilmente vulnerable”.

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“La orden de eliminar provisoriamente determinadas sugerencias de búsqueda, cesar en la difusión   de  ciertas   direcciones  vinculadas  al   nombre   del  actor   y  eliminar contenidos   almacenados   por el  buscador,  implica  un  acto  de  censura  que interrumpe el proceso comunicacional, pues al vedar cautelarmente el acceso a dicha información impide la concreción del acto de comunicación ¬o al menos, dada la importancia que reviste Google como motor de búsqueda, lo dificulta sobremanera-,   con   independencia   de   que   en   relación   a   sus   potenciales receptores sea su primera manifestación o su repetición” finaliza la resolución.

Llama la atención el intento de censura a los medios por parte de Gisela y Adolfo, ya que en más de una oportunidad se han erigido como defensores de la libertad de prensa, como por ejemplo en contra del fallo de la jueza Laura Molino, que condenó penalmente el 13 de agosto pasado, a un periodista de Cambiemos (sector político del ex Gobernador Claudio Poggi), por haber publicado en su portal un video del orden de la vida privada de Natalia Spinuza, por entonces Ministro de Educación, y a quien tanto Gisela como Adolfo salieron a pedir públicamente la renuncia a su cargo.

La raíz del dolor

Según medios mendocinos y puntanos la familia Vartalitis tiene dos denuncias por estafa en Mendoza, el fiscal de Instrucción N° 17 Eduardo Martearena, de la Unidad Fiscal Nº 6, la convocó para una Requisitoria de Citación a Juicio en contra del padrastro y la cuñada. El expediente Nº P-97.013/05, caratulado: “Fiscal c/ Cruz Jorge y Muñoz María p/ Estafa en concurso real, con falsificación de instrumento privado en concurso real, con usurpación por abuso de confianza mediante la intervención del título”, se originó cuando el padrastro, la cuñada y el hermano de Gisela, habrían falsificado el contrato de alquiler de un local comercial sobre avenida San Martín. Quienes estuvieron al frente de las negociaciones fueron Jorge Cruz, padrastro de los hermanos Vartalitis, y María Fernanda Muñoz, esposa de Ricardo Vartalitis, hermano de Gisela. El hecho referido sucedió en marzo de 2004 y si bien Gisela no aparece implicada directamente, allegados entienden que formo parte de la mecánica.

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Oasis del Plata S.A., la empresa acusada, mantuvo domicilio en Mendoza hasta el 29 de noviembre de 2004. Luego mudó su sede a la localidad de Merlo, en San Luis y muy rápidamente, en abril de 2005, “solicitaron la quiebra con fuero de atracción, con lo que obligaban a los damnificados mendocinos a litigar en los tribunales de Concarán”. Los datos corresponden a la investigación de Belén Dávila.

Gisela está señalada junto a su hermano en otra causa, la N º 36.613/06, caratulada: “Fiscal c/ Vartalitis, Gisela y Vartalitis, Ricardo Andrés p/ Estafa”.

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