Quedaron bajo el agua 150.000 hectáreas de trigo y peligra el inicio de la siembra de maíz

La Bolsa de Comercio de Rosario reportó un retroceso de casi 3% en el área triguera. Siguen las reuniones por emergencia en varios distritos y seguimiento de las obras.

Las fuertes precipitaciones que durante el fin de semana castigaron a diversas zonas de la provincia de Buenos Aires, y profundizaron los problemas de inundaciones y anegamientos que afectan a unas 9 millones de hectáreas en la región central del país, derivaron en un recorte de casi 3% en la estimación del área total sembrada con trigo, hasta 5,4 millones, y hacen peligrar el arranque de la siembra del maíz, cultivo para el que se preveía una fuerte expansión en el área destinada.

Mientras en el Gobierno continuaron ayer las reuniones de seguimiento de las obras para aliviar las inundaciones, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a través de su división Guía Estratégica del Agro (GEA), que remarcó que las lluvias «arrebataron hace un mes 150.000 hectáreas en Buenos Aires, y ahora por este último evento (por las lluvias del fin de semana) se calculan pérdidas 100.000 hectáreas con pérdidas en lote implantados en el centro, oeste y noroeste de Buenos Aires». Y agregó otras 35.000 hectáreas que no se cosecharían en La Pampa».

La entidad rosarina explicó que, en contraposición, la última tormenta mejoró el estado de los trigos del este, extremo sur y la franja central de la provincia de Córdoba, donde se detectaron «más hectáreas sembradas con el cereal».

Ante esos cambios, la BCR recortó a 5,4 millones de hectáreas el área total nacional triguera, desde las 5,55 millones que se preveían antes de las últimas lluvias.

A la vez alertó sobre las dificultades para el maíz temprano, próximo a sembrarse. Para este cereal se prevé que la siembra cubra 6,2 millones de hectáreas, casi 6 puntos pr encima de la previa, pero «hace su aparición en medio de severas complicaciones, donde el riesgo de siembra ha aumentado» por los excesos hídricos. También, está condicionando al girasol.

La situación es monitoreada a diario desde los despachos oficiales.

Ayer se reunión la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, donde se prorrogaron dos declaraciones por 180 días para el sur de Córdoba y para La Pampa (aunque ad referendum del decreto provincial correspondiente) y a varios distritos de Buenos AIres. También se aprobaron dos nuevas declaraciones para Santa Fe (los departamentos de General López y Vera) y para Chubut, por nevadas.

Tras ese encuentro, el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, recibió al secretario de Recursos Hídricos, Pablo Bereciartua, y al ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís, para analizar el plan de obras para la cuenca del Salado, de las más críticas por estos días.

Según manejan en esa cartera, de las casi 6 millones de hectáreas afectadas, en distintos grados, en Buenos Aires por excesos de agua, el 80% corresponde a establecimientos ganaderos, sea de cría o tambos, mientras el restante 20% son campos agrícolas.

Con Bereciartua, se abordó el estado de las licitaciones, que como informó ayer El Cronista ascienden a u$s 500 millones y está en las gateras otro llamado a inversiones por un monto similar, y la perspectiva de que los trabajos en la zona de Bragado (ya adjudicadas pero que no comenzaron por las inundaciones) puedan comenzarse a principios de octubre, si el clima acompaña.

No obstante, en ese sentido, las previsiones no son muy alentadoras. El pronóstico trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el período septiembre/ noviembre estima lluvias dentro de los parámetros normales para la región central del país, lo que «si venís de los excesos hídricos actuales no es para nada una buena noticia», comentaron en Agroindustria.

El proyecto de ley de seguros agrícolas esta «muy avanzado»

El Ministerio de Agroindustria y la Superintendencia de Seguros tienen «muy avanzado» el articulado del proyecto de ley de seguros agropecuarios, por el que la cartera que comanda Ricardo Buryaile busca incrementar en los próximos años la cobertura ante daño climático de los campos destinados a actividades agrícolas y ganaderas.

Una vez que se den las puntadas finales al texto, lo que sucederá en las próximas semanas según comentaron desde esa cartera, la iniciativa será elevada a la Jefatura de Gabinete, que debe aprobarla para poder remitirla al Congreso y su tratamiento. El principal escollo para esta iniciativa, en medio de la necesidad del Gobierno de achicar el déficit fiscla, parece ser presupuestario ya que necesitaría de monto asignado superior al de la Emergencia Agropecuaria ($ 500 millones anuales) a fin de que el Estado subsidie las primas de las pólizas para que resulten accesibles a la mayoría de los productores, comentaron las fuentes.

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