La legisladora porteña presentó hoy su proyecto de modificación del régimen de alquileres de inmuebles para vivienda. «El acceso a la vivienda es un derecho humano que tiene que estar asegurado por el Estado».

La diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Gisela Marziotta, presentó hoy un proyecto para modificar el régimen de alquileres de inmuebles para vivienda. El mismo establece la suspensión de los aumentos en los alquileres hasta que entre en vigencia la nueva ley, a partir de la cual las modificaciones en los precios se regularán a través de la Cámara Nacional de Alquileres (CNA), órgano autárquico creado por la norma. Además, prohibirá, en caso de que el alquiler sea con destino habitacional, que el locador pida el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes y que los depósitos de garantía sean más elevados que el valor de alquiler mensual.

“El acceso a la vivienda es un derecho humano que tiene que estar asegurado por el Estado”, señaló Marziotta y explicó que el derecho de acceso a la vivienda está garantizado en el artículo 14 de la Constitución, que compromete al Estado no sólo a garantizar una vivienda a todos los habitantes del país sino una vivienda digna.

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Entre otros aspectos centrales del proyecto, se destaca que los depósitos podrán ser pagados en seis cuotas iguales a partir de la fecha de la firma del contrato, y que al momento de renovar el alquiler, en caso de que el locador no responda al pedido de renovación del locatario, el contrato se renovará automáticamente por el plazo previo.

La CNA será el órgano clave en la regulación de precios de alquileres y control de contratos. Estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo –uno del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y otro de la Secretaría de Comercio–, un representante de los locatarios y otro de los locadores, que deberán pertenecer a asociaciones que representen a ambos sectores.

Esta conformación deberá, además, tener paridad de género y se reunirá mensualmente como mínimo.

Los objetivos de este organismo serán varios: llevar un Registro Público Nacional de Contratos de Locación para la Vivienda; fijar los precios máximos de los nuevos contratos de locación para la vivienda con validez en todo el territorio nacional; establecer el índice de ajuste anual de los contratos de locación para vivienda, a través de un encuentro anual que se realizará en abril de cada año y en el que se determinará el índice de aumento aplicable para todo el año aniversario; establecer regulaciones y controles del alquiler turístico; realizar programas de difusión de los derechos y obligaciones emergentes de la normas que regulan la locación para vivienda; y por último crear un sitio de internet de acceso libre y gratuito con alcance nacional para la publicación de la oferta de alquileres de inmuebles para vivienda.

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“La ley que sancionamos en la pandemia fue un gran avance, por eso mismo fue resistida y boicoteada por los principales actores del mercado. Pero tampoco podemos dejar de lado que con el contexto pandémico al que se suman un dólar en alza y una inflación interanual que supera el 50%, inmuebles dolarizados y salarios que no se recuperan, es necesaria mayor presencia del Estado”, agregó la diputada.

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