La tasa de los bonos y la rentabilidad de YPF, claves en el acuerdo con Repsol

Es un excelente negocio, si lo hubiera hecho un privado sería Gardel.» La frase, escuchada ayer en uno de los salones de reuniones del Ministerio de Economía, resume la conformidad que existe en el gobierno nacional por el número y las condiciones de la indemnización que se firmó el jueves con Repsol. Los estudios técnicos y financieros que realizó el equipo del ministro Axel Kicillof ponen sobre la mesa dos ejes fundamentales para argumentar su posición: las tasas que hubiera conseguido la Argentina para pagar U$S 5000 millones en efectivo habrían sido más altas que las de los bonos acordados con los españoles; y la rentabilidad proyectada de YPF para los próximos 20 años puede llegar a triplicar la suma del capital y los intereses del entendimiento.

El balance elaborado por los españoles en 2012 preveía un ingreso real de 7000 millones de dólares por el juicio de U$S 10.500 millones iniciado ante el CIADI (el tribunal del Banco Mundial), mientras que en el discurso a los accionistas se llegó a hablar de entre 15 y 20 mil millones de dólares por el total de los 31 juicios iniciados. Por otro lado, el 51% de las acciones expropiadas valorizadas a diciembre de 2010 arrojaban un valor de U$S 10.104 millones, a diciembre de 2011 de U$S 6956 millones, y al momento de la entrada de Eskenazi, U$S 8224 millones.

»En cualquiera de los escenarios barajados obtuvimos un pago de capital significativamente más bajo que lo calculado como valor de la empresa, y encima no sumamos nada por los juicios que se iniciaron en tribunales internacionales», destacan desde Economía. Además, subrayan que el valor fue determinado por el Tribunal de Tasaciones y plantean la importancia de haber acordado el cierre del diferendo ante el tribunal arbitrario del Banco Mundial, »porque hubiera sido muy peligroso para la república que el futuro quedara atado a una caja de pandora».

Como paso siguiente del análisis realizado, agregan que el Estado no podría haber hecho un pago en efectivo de U$S 5000 millones para ahorrarse los intereses, ya que actualmente no tiene esa capacidad. Entonces, la elección fue conseguir el mejor financiamiento posible para pagar en un plazo largo.

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»Las tasas y condiciones del acuerdo con Repsol son baratas en comparación a lo que el país podría haber emitido en el mercado internacional, y además toda la emisión es bajo ley argentina», destacan las altas fuentes a las que tuvo acceso este diario. Tal como habían mostrado estudios de economistas y analistas cuando se anunció el fin del conflicto, en el gobierno calculan que los intereses a pagar hasta 2033 significarán un desembolso extra de 5000 millones de dólares en condición de intereses.

Estos números, con los que buscan enfrentar las acusaciones que llegaron desde diferentes costados de la oposición, también ponen la lupa sobre la renta que generarán los bonos en manos de Repsol y la que se desprenderá de las acciones en manos del Estado. El cálculo del gobierno es que, manteniendo el ritmo de los últimos tres años, en los próximos 20 (lo que se va a tardar en saldar la deuda) YPF generará utilidades por unos 28 mil millones de dólares. Esto, dicen, podría ser bastante más porque no incluye la potencialidad de mayores ingresos a partir de la explotación más avanzada de Vaca Muerta.

El optimismo, en la comparación, se extiende incluso a un escenario con un Estado que no realiza ninguna de las inversiones planeadas para el futuro. Así, sostienen desde la cartera que encabeza Kicillof, se generarían de todas formas unos 13 mil millones de dólares, 3000 más que el pago total (calculado a valor presente neto).

A estos argumentos suman también los »ahorros» generados por la gestión del Estado al frente de la empresa, que calculan en 1100 millones de dólares por menores importaciones de gas y 2000 millones de dólares por la no distribución de dividendos.

El texto va al Senado

El gobierno anunció el envío al Senado de la Nación del texto del acuerdo con la petrolera española Repsol por la expropiación de las acciones que tenía en YPF. Así lo informó ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien destacó que »este convenio será íntegramente publicado y será enviado por parte del Poder Ejecutivo nacional al Congreso de la Nación, donde la Cámara de Senadores será cámara de origen para su tratamiento».

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Este convenio implica los mecanismos de expropiación, la indemnización correspondiente, la emisión de títulos de deuda para la cancelación del pago correspondiente y también el desistimiento de acciones judiciales por parte de Repsol», indicó el funcionario en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Por su parte, »también Repsol remite esto para la aprobación correspondiente de su junta de accionistas en un plazo determinado», agregó el jefe de los ministros, quien no aclaró si será la semana próxima el período elegido para la presentación al Senado.

Emisión complementaria

El valor de los bonos que va a determinar si se aplica o no la emisión extra con un tope de 1000 millones de dólares se calculará como promedio de los 90 días previos a los dos días siguientes a la sanción de la ley (el cierre y emisión se concreta a los seis días de la sanción).

Por el momento, explican desde Economía, »esa cuenta da bien y a pesar de los golpes que sufrió el mercado de títulos el valor se acerca a los 4760 millones de dólares necesarios» para evitar la emisión adicional de deuda externa.

Desde la cartera que encabeza Axel Kicillof también aclararon que »si una vez que Repsol tiene los bonos sale a malvender no puede reclamar una compensación por eso». Es decir, por ejemplo, si venden toda la cartera por un valor de 3000 millones de dólares, el Estado no debe dar nada extra, debido a que la letra escrita dice que la indemnización no es más de U$S 5000 millones, »pero si en ese contexto es menos es problema de ellos». El titular de Repsol, Antonio Brufau, dijo que la firma española venderá los bonos en dos años.

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