Embestida buitre contra Alberto Fernández

Los fondos buitre le dieron menos de 24 horas a Alberto Fernández para comenzar a embestir contra la Argentina. Ayer, tres fondos norteamericanos presentaron ante la jueza Loretta Preska demandas contra el país acreditando tenencias en Cupón PBI por unos u$s100 millones. Esta es la octava presentación en menos de un año, con lo que los reclamos suman ya unos u$s800 millones, y se proyecta para el fin de las presentaciones unos u$s3.000 millones.

En todos los casos lo que se reclama es por supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013, siguiendo la primera demanda que realizó el fondo Aurelius y su firma cautiva uruguaya Novoriver, al que se le habían sumado hasta noviembre otras tres casas de inversiones europeas. Ayer, esperando estratégicamente al día posterior a la asunción de Alberto Fernández, se incorporaron al mismo reclamo tres fondos buitre ignotos, y nunca registrados como tenedores de los bonos emitidos durante el canje de deuda lanzado en 2005 en el Gobierno de Néstor Kirchner.

Estos son el Adona LLC, Egoz LLC y el Waso Holding Corporation. Todos copian en la presentación de ayer las líneas planteadas ya por Aurelius, donde aseguran tener pruebas de que el entonces Ministerio de Economía manejado por Axel Kicillof y el INDEC cooptado por Guillermo Moreno intervinieron en la medición del PBI para no pagar los intereses del cupón que vencía ese año, y que le habría demandado al país la erogación de unos u$s3.000 millones.

En realidad, la presentación de los tres fondos no es sorpresiva. Se sabía el 31 de octubre pasado en los tribunales de Preska que había varias casas de inversiones apostando a que el caso se ampliara, buscando adquirir estos papeles emitidos por el país (en precio casi de default), para luego avanzar en el juzgado del segundo Distrito Sur de Nueva York manejado ahora por la sucesora de Thomas Griesa. Ese día se había registrado la presentación de Novoriver SA, quien reclamó por unos u$s181 millones en inversiones de esos bonos atados al crecimiento de la actividad económica del país; y que, se supone, representan a un grupo de inversionistas que buscan algún rédito en el caso. La especulación en octubre era que había muchos operadores del sistema financiero tomando posiciones tanto en el Cupón como en el bono Par, a la espera del llamado al reperfilamiento de deuda, y esperando si estos papeles se incluirán o no en la negociación.

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En el caso de que suceda, esperan presentarse en el mismo juzgado para denunciar que se estaría reprogramando el pago de una deuda ya reprogramada, con lo que el daño (en el caso del Cupón PBI) sería doble. Y la demanda también. La jueza Preska, que ya abrió el proceso en febrero pasado, deberá resolver antes de fin de año si avanza o no con el caso. Es en este marco que Novoriver se adelanta para que se la sume al reclamo de Aurelius. La cifra en dólares del eventual reclamo provoca escalofríos: ante un fallo en contra, podrían considerarse perjudicados tenedores por más de u$s5.000 millones. La buena noticia es que el caso recién empieza y podría demandar varios años hasta una resolución final en los tribunales de los Estados Unidos.

De acuerdo con lo explicado por el analista de FinGuru, Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor que el 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”.

La causa, para la Argentina, puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que durante la gestión de Kicillof en Economía, en la última parte del Gobierno de Cristina de Kirchner y la intervención del INDEC de Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI.

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El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio.

La Argentina presentó su primera defensa el 3 de julio pasado, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. El Gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el INDEC, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fue la segunda vez que se utilizó este argumento.

El 18 de abril den 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país contratados por la Procuración del Tesoro aseguraron ante la Justicia norteamericana que el Gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014. Ahora deberá ser la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini la que elabore una nueva estrategia, o refuerce la que armó en su momento el Gobierno de Mauricio Macri.

Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre.

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