El Impuesto a las Ganancias «no es inconstitucional»

Un fallo judicial de segunda instancia rechazó el pedido de una empleada y negó que la alícuota esté por fuera de las normas.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó declarar la inconstitucionalidad del artículo de la Ley del Impuesto a las Ganancias, que considera materia imponible la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia.

La Sala V de la Cámara ratificó el fallo de primera instancia que se opuso a la acción de amparo de Julieta Sabatino, empleada de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, quien argumentó que la remuneración que percibe por su labor «no es ganancia», y que la suma que se le retenía era «confiscatoria».

Las razones del rechazo fueron similares esgrimidas con anterioridad cuando el tribunal negó una medida cautelar porque, a su criterio, la reclamante no demostró su incapacidad para hacer frente al tributo ni que el impuesto fuera confiscatorio.

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La demandante había aportado documentación según la cual se llegó a retener hasta un 12% de sus ingresos brutos en concepto de salarios, «incompatible» con su derecho de propiedad.

Según la Sala V de la Cámara, «las retenciones practicadas» sobre los haberes de Sabatino se sustentan «en una ley en sentido formal y material, emanada del Congreso Nacional», en tanto un supuesto de confiscatoriedad «está sujeto a rigurosas exigencias de prueba tendientes a poner en evidencia su acaecimiento».

Para el tribunal, la amparista «no explica de acuerdo con qué parámetros y sobre qué base imponible (o sobre qué importes mínimos) debiera ser actualmente calculado ese impuesto para que no resultara confiscatorio».

Los camaristas Pablo Gallegos Fedriani, Guillermo Tracy y Jorge Alemany tuvieron en cuenta, además, que la demandante es «una persona física, soltera, sin hijos».

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Los camaristas recordaron que «los mínimos no imponibles aplicables han sido incrementados por el Decreto 394/2016, la Ley 27.346, y demás normas reglamentarias y complementarias, sobrevinientes a la interposición de la demanda, iniciada en 2014».

Los magistrados agregaron que es una «cuestión ajena a la órbita del Poder Judicial» evaluar «la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que requiere el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro», sino que «sólo le corresponde declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional».

Fuente: Télam

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