Dólar cuidado frente a las presiones

Desde el salto devaluatorio provocado entre el 22 y el 23 de enero, el equipo económico logró sostener la cotización del dólar de forma estable, a punto tal que recién en la última semana el valor de la divisa retornó a los ocho pesos, luego de un retroceso inicial. Para alcanzar este objetivo, el Gobierno acordó con los exportadores de granos la liquidación de los cereales con los que especulaban, y por medio del Banco Central instauró medidas para absorber pesos y evitar que los mismos sumen presión sobre el dólar, así como otras que obligaron a los bancos a desprenderse de sus tenencias dolarizadas por encima del 30% de su patrimonio.

Esta estabilidad, sin embargo, no fue reflejada en los precios: de acuerdo al nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC-NU) de febrero, los mismos aumentaron ese mes en forma significativa, promediando un 3,4% y convirtiéndose así en uno de los mayores factores de presión para un nuevo salto devaluatorio.

Sucede que si bien la fijación del valor del dólar inciden diversos factores, como las tasas de interés nacionales e internacionales o la liquidación de divisas por parte de los exportadores, en el mediano plazo es el proceso inflacionario lo que pareciera representar uno de los principales factores de incidencia sobre el valor del dólar: con un dólar estable, a mayores precios en pesos por los bienes y servicios, menor poder adquisitivo tendrán los dólares en manos de exportadores o de quienes mantienen tenencias en esa moneda, y mayor será la presión de estos poderosos sectores económicos por un salto en el precio de la divisa norteamericana.

De esta forma, los programas de control de precios, como “Precios Cuidados” para alimentos e higiene personal, los acuerdos con los laboratorios para disminuir el precio de los medicamentos, y con cadenas de ventas de materiales para la construcción, pasaron a tener en la actualidad una doble función: resguardar el poder adquisitivo de la población y evitar también una mayor presión para un nuevo salto devaluatorio, que potencie el traslado de los ingresos de gran parte de la sociedad hacia los sectores concentrados del capital.

Riesgos en el horizonte. De acuerdo con lo expresado por el Centro Cifra de la CTA en su Informe de Coyuntura número 15 del mes de febrero, antes de la fuerte devaluación de enero, “el tipo de cambio real respecto al dólar era apenas un 11,4% mayor al de enero de 1999”, pero tras la misma, este tipo de cambio “recompuso los niveles reales a valores similares a los de fines de 2010, lo que representa un 29,7% superior al de enero de1999”.

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Así, con una suba sustancial respecto al penúltimo año de la convertibilidad, y un valor similar al de 2010 –en el que el desempeño económico fue muy bueno en casi todas sus variables– el valor de ocho pesos para la divisa norteamericana pareciera cumplir con los requisitos de “competitividad” que desde un tiempo a esta parte un importante número de los sectores del capital concentrado y de la oposición le demandaban al Gobierno.

Sin embargo, el mismo informe de Cifra señalaba que “las posibilidades de mantener este nuevo nivel del tipo de cambio real depende del proceso inflacionario y, por ende, de la velocidad en que se traslade a precios el efecto devaluatorio”.

No una devaluación, pero sí un salto devaluatorio, parece ser entonces uno de los grandes objetivos a evitar en la actual política económica.
Saltar el salto. Específicamente, en la relación entre la cotización del dólar y los niveles de inflación, emerge un elemento claramente diferencial: los saltos devaluatorios.

Un documento elaborado por el Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria, (Ciges) en base a información suministrada por la Secretaría de Comercio Interior, permite observar cómo diversos sectores de la industria y el comercio capitalizaron la confusión en materia de precios tras el salto devaluador de enero, con el objetivo de mejorar significativamente sus niveles de rentabilidad.

De acuerdo al documento, tras una devaluación del 20% similar a la de aquellos días de enero, el rubro “alimentos y bebidas” –el cual es uno de los que mayor peso tiene en la canasta de consumo–, que tiene sólo un 10% de insumos importados, debería haber aumentado para compensar la devaluación aproximadamente un 2%, pero según el IPC-NU lo hizo en un 4%. Según el mismo documento, la industria siderúrgica –clave por abastecer a una gran cantidad de empresas, entre ellas la de mayor producción, la automotriz– que posee un 60% de sus componentes importados, debería haber subido sus precios en un 12%, pero la empresa Techint presentó subas de hasta el 25%. Según señalan desde este Centro, esta situación se explica en gran medida por “el poder de las empresas monopólicas y oligopólicas para imponer los precios en el mercado”.

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En efecto, muchas de las subas estuvieron injustificadas desde el punto de vista economicista. Según había afirmado a Página/12 el ministro de Economía Axel Kicillof, “nadie puede esperar que un cambio en el valor de la divisa impacte linealmente en los precios internos”, pues “la mayoría de los precios en la Argentina no dependen de la cotización del dólar y en los casos en que eso sucede es en una medida muy pequeña”. Afirmó, sin embargo, que “puede haber algunos que quieran sacar ventaja y utilizar esa excusa para remarcar”. Pero días más tarde, al referirse al índice de inflación de enero, admitió que las subas se produjeron por expectativas surgidas “del dólar ilegal y luego por el movimiento que tuvo el dólar legal, y luego apareció un componente de los comerciantes de suba, de ‘por las dudas’”, con lo cual “estafaron” a la población.

No una devaluación, pero sí un salto devaluatorio, parece ser entonces uno de los grandes objetivos a evitar en la actual política económica. De hecho, en sí misma, la devaluación fue aplicada de forma sostenida durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pero bajo la política de “flotación administrada” que le permitía al gobierno corregir levemente el valor de la divisa norteamericana en función de las variables externas e internas de la economía. En esa clave debe leerse, también, la fuerte apuesta que el Gobierno realiza con su política de control de precios.

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