La tregua que no fue. El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, anunció este miércoles que el gobierno suspendió «los efectos jurídicos» del decreto de cese de fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) después de que esta guerrilla indicara el martes que no hay ningún acuerdo.
El funcionario manifestó en una rueda de prensa en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo: «Ante la posición asumida públicamente el día martes (…) hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 diciembre de 2022». Así, la fuerza pública mantendrá la ofensiva contra los cerca de 3500 combatientes que integran la última guerrilla reconocida en el país tras el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017.
Pedido de las comunidades
Prada invitó además al ELN «a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo de las comunidades étnico territoriales y campesinas», mientras se resuelve el asunto actual. «El Gobierno nacional no renunciará en ningún momento bajo ninguna circunstancia a la búsqueda del respeto por la vida para construir la paz total«, indicó el portavoz del gobierno de Gustavo Petro.
Prada compareció a la rueda de prensa con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, e Iván Velásquez, ministro de Defensa, para explicar la posición del gobierno sobre el futuro de los diálogos de paz. Y reconoció que «estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, por lo que hay que ir con mucha cautela, con mucha prudencia y precaución».
Negociaciones en Caracas
Poco antes de la medianoche del último día de 2022, Petro dijo que el ELN y otros cuatro grupos armados ilegales habían acordado con el gobierno un alto el fuego bilateral, de 6 meses de duración, que estaría vigente desde el 1 de enero hasta el 30 de junio.
Sin embargo, el ELN publicó el martes un comunicado en el que señalaba que su delegación en las negociaciones de paz que se llevan a cabo en Caracas «no ha discutido con el Gobierno de Gustavo Petro ninguna propuesta de cese el fuego bilateral».
La información contradictoria lanzada por el gobierno y la guerrilla provocó dudas e incertidumbre sobre la negociación que se lleva a cabo con el ELN, así como críticas al mandatario por anunciar un acuerdo que no llegó a concretarse.
El ministro Prada detalló la decisión del decreto -ahora anulado-: «Encontramos comunidades en estado de confinamiento o en amenaza de confinamiento, en amenaza de muerte. Encontramos asesinatos de líderes sociales en el territorio, y hay un clamor que lleva al presidente Petro a declarar este cese bilateral».
La información que proporcionó la presidencia detalló que el cese bilateral tendría verificación nacional e internacional a cargo de la Misión de Verificación de la ONU, de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica.