La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) realizó controles presenciales en cuatro establecimientos dedicados a la fabricación de ladrillos ubicados en la localidad de El Algarrobal.

    La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) realizó controles presenciales en cuatro establecimientos dedicados a la fabricación de ladrillos ubicados en la localidad de El Algarrobal. Durante los operativos, los agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto detectaron irregularidades en la contratación de empleados, que incluyeron un caso de empleo infantil. El total de trabajadores relevados con algún tipo de inconsistencia ascendió a 21.

    Los procedimientos fueron el resultado de las tareas de investigación llevadas adelante por las áreas especializadas de la AFIP. Los cruces de información entre las distintas direcciones generales que conforman el organismo, permiten focalizar la fiscalización en aquellos sectores en donde se evidencian mayores niveles de informalidad como el gastronómico o el de actividades agropecuarias.

    Las acciones permanentes de la DGRSS que conduce Mara Ruiz Malec apuntan a combatir el empleo no registrado y buscan garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, el financiamiento de los sistemas de seguridad social y la protección del trabajador/a y su grupo familiar.

    En ese marco, la AFIP desplegó un grupo de agentes para el relevamiento de personal de cuatro hornos de ladrillos en la provincia de Mendoza.

    Los inspectores de la DGRSS y la DGI encontraron 21 empleados con irregularidades y un caso de trabajo infantil. A raíz de este último, se dio aviso e intervención a la Comisión Provincial Para La Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti).

    Las fiscalizaciones impulsadas por la DGRSS se potencian a partir de los acuerdos de trabajo coordinados con otros organismos públicos, entre los que se destaca el trabajo articulado en el territorio con los ministerios de trabajo provinciales, y también con distintas entidades sindicales. El abordaje coordinado potencia la capacidad de fiscalización involucrando a los diversos actores clave para la formalización laboral. La mejora de las herramientas y sistemas disponibles permite ampliar el universo fiscalizado de empleadores con potenciales situaciones de irregularidades e incumplimientos a nivel nacional.