Una niña de 10 años se encuentra internada en el hospital Notti cursando un embarazo. La menor ingresó el miércoles al hospital acompañada de su madre, quien argumentó que la menor tenía un fuerte dolor abdominal y que habría sido abusada. Los profesionales del nosocomio constataron que había ido abusada y que cursaba un embarazo de 32 semanas.

La madre luego radicó la denuncia y fue entonces cuando se comenzó a investigar. Interviene en el caso la fiscal Cecilia Vinier, quien adelantó que transitoriamente vivía con la familia de la menor un familiar directo, quien es el apuntado como el presunto responsable del abuso de la menor.

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El procurador Alejandro Gullé señaló que “es una niña de 10 años que cursa un embarazo de 32 semanas, tenemos una persona aprehendida sospechada que podría ser el autor del hecho y es un tío de la niña. Tiene 23 años y sería tío, está imputado por el delito de abuso sexual agravado por la convivencia”.

“Ella va por problemas de dolores intestinales y cuando llega la examinan y los médicos les dicen que la niña está cursando un embarazo, se pone en marcha el protocolo, le dieron aviso a la fiscal que se puso en contacto con el juez de Menores y se tomaron todos los recaudos necesarios hasta dar con la persona que quedó detenida”, añadió Gullé.

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“Se está trabajando en esto, el hospital Notti ha actuado con premura y con una calidad profesional destacable y nosotros nos estamos ocupando ahora de producir la prueba, el ADN que es vital para ver si la persona sospechada es realmente el autor. Por la edad de la menor, no interesaría que la chica haya consentido la relación, estamos ante un abuso sexual agravado”.

El abogado Diego Lavado indicó que “lo que sucede con los embarazos de menores de edad es que ese embarazo legalmente siempre es producto de una violación, porque la ley entiende que la mujer que tiene menos de esa edad no puede dar un consentimiento válido para una relación sexual. Lo que correspondería es que si está el consentimiento del progenitor, el médico debería proceder a la interrupción del embarazo. La Corte recomendó que las provincias y a nivel nacional se adoptara un protocolo de cómo actuar ante estas situaciones, pero esa recomendación de la Corte, muchas provincias no lo han hecho, entonces ante una situación concreta hay incertidumbre de cómo proceder por parte de los progenitores de la víctima”.

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