El urólogo Fernando Secin, que previó un costo de 1600 millones de pesos y 150 mil internaciones si se habilita la interrupción del embarazo antes de la semana 14 de gestación.
Lo calculó en base a un dato que luego él mismo consideró falso: los 500 mil abortos anuales que la campaña a favor de su legalización asegura que se practican en el país.

“Juguemos con los números. Un misoprostol cuesta 3.343 pesos, 500 mil son más de 1.600 millones de pesos, 55 millones de dólares”, contabilizó Secin, que perteneció al Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) y cobró fama por atender a Robert De Niro en New York.

“Si tenemos en cuenta que el 30% de los casos termina en intervención por feto muerto y retenido, habría 150 mil internaciones. Entre 10 y 12 veces más que las del hospital Garrahan. Además, hay que hacer una ecografía en todos los casos”, presagió.

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Aseguró que “la muerte por aborto representa el 0.5% de las causas de muerte durante la etapa fértil de la mujer” y se animó a hablar de interrumpir el embarazo en forma legal es un “crimen de lesa humanidad”.

“Cuando se legaliza, aumenta y hoy todos los países que lo tienen quieren salir de este problema”, exigió.

“Yo respeto todas las opiniones pero me parece excesivo lo de lesa humanidad, en un país con la historia de Argentina”, lo cruzó Miguel Pichetto, sin perder la calma habitual en los debates en el salón Illía del Senado.

El urólogo Fernanado Secin calculó un costo de 1600 millones de pesos con el aborto legal y las militantes de la ley lo negaron. Creen que sin secuelas de intervenciones clandestinas se ahorrará mucho más.

“Le voy a acercar un documento que muestra que los costos son muchos menos”, anticipó la peronista pampeana Norma Durango.

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“Somos 1000 médicos por la vida en el país. Convoque a los que están del otro lado y sólo va a encontrar mercenarios”, desafío Secin.

La discusión presupuestaria no es menor, porque los senadores de Córdoba, liderados por Carlos Caserio, condicionan la ley a un aporte para los hospitales provinciales.

Los promotores del aborto minimizan el costo, porque consideran que los abortos clandestinos provocan problemas de salud mayores y son atendidos en nosocomios públicos. Así lo ratificaría el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein.

“Hay que contabilizar desde la cama del hospital, el procedimiento quirúrgico y la terapia intensiva de esas pacientes. Ese es el impacto que hay que medir”, desafió un rato después Mariana Romero, médica e investigadora del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).

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Romero insistió con un dato que repite en cada ponencia: “Desde el regreso de la democracia 3.030 mujeres fallecieron por abortos”.

Y la radical tucumana Silvia Elías de Pérez la obligó a confirmar que su fundación recibe aportes de International Planned Parenthood Federation (IPPF), una ONG de Estados Unidos que según los celestes financia la mayoría de los movimientos abortistas.

Leandro Cahan, director ejecutivo de la fundación huésped, se negó a confirmar vínculos con IPPF y la tucumana le exhibió documentos con los aportes.

“Una célula tiene vida, pero no significa que es una persona. El sistema nervioso no se desarrolla hasta la semana 14”, ratificó Cahan, volviendo al eje de la discusión, coordinada por el radical Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud.

Lo escoltaron los peronistas Pedro Guastavino y Dalmacio Mera, presidentes de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.

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