A través del Boletín Oficial, el gobierno nacional publicó ayer una serie de decretos secretos firmados entre 1975 y 1976 por María Estela Martínez de Perón y por el dictador Jorge Rafael Videla. Se trata de documentos desclasificados donde se ordena la detención de decenas de personas, entre ellas la actual jueza de la Corte Suprema Carmen María Argibay y el periodista Eduardo Anguita.

El primero de los decretos data del 25 de febrero de 1975, a pocos días del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Con la firma de Martínez de Perón y en el marco del estado de sitio, el gobierno ordenó la detención de unas 80 personas y su traslado a la ”residencia de la Unidad Penitenciaria (U. 6) de la ciudad de Rawson, provincia del Chubut”.

Entre los argumentos para la detención figura ”el artículo 23 de la Constitución, que permite, en caso de conmoción interior, respecto de las personas, arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro del país”, y ordena la captura de un grupo de personas que ”se encuentran prima facie incursos en conductas atentatorias contra la misma seguridad de la Nación”.

Entre ellas se encontraba el periodista Eduardo Anguita, el dirigente de las FAR y sobreviviente de la Masacre de Trelew, Alberto Camps y Humberto Tumini, ex miembro del ERP y actual dirigente de Libres del Sur.

”La Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal arbitrará todos los medios necesarios para el traslado de dichas personas al tribunal que intervenga en la tramitación de sus respectivos procesos, cuando sea preciso”, finaliza el texto.

Otro de los documentos desclasificados, de fecha 30 de marzo de 1976, tiene la firma de Videla. En el Decreto S11/1976, el dictador ordena la detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) de varias personas entre las que se encontraba la actual ministra de la Corte, Argibay. La jueza, que en ese momento era secretaria general de la Cámara en lo Criminal y Correccional, pasó varios meses en prisión hasta que fue liberada en diciembre de ese año.

”Arréstese a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a: Guillermo Raúl DÍAZ LESTREN (MI 6.680.371); Carmen María ARGIBAY (MI 6.623.409); María Leticia PINTOS de DIVANO (CI 6.064.981); José Ramón SILVA (MI 7.534.984); Ricardo CARDINALE (MI 5.501.186); Félix Urbano OGAN (DNI 11.503.206); Roberto Rubén SÁNCHEZ CASAÑA (MI 6.782.746)”, señala el decreto. Y argumenta: ”Constituye una primordial responsabilidad de gobierno consolidar la paz interior y preservar los permanentes intereses de la República.”

En el Decreto S10/1976, de fecha 29 de marzo, también se ordena la detención de otro grupo de personas para que quedaran a disposición del PEN. En la lista también figuran Néstor Sala, quien fue luego fusilado en la masacre de Margarita Belén, Chaco, y su esposa, Mirta Susana Clara de Sala.

Mediante estos documentos, en los últimos días de democracia y los primeros de la dictadura, se ordenó una serie de detenciones de carácter político, en el marco de una persecución a los opositores al régimen impuesto por la última dictadura. A estos casos, ‘blanqueados’ a disposición del PEN, se suman otros miles que permanecieron en los cientos de centros clandestinos de detención del país.

Murió un ex jefe de la side

El general de división retirado Carlos Alberto Martínez, que fue jefe de la SIDE durante la última dictadura cívico militar y estaba procesado por crímenes de lesa humanidad contra 1200 víctimas, falleció ayer a los 86 años, confirmaron fuentes judiciales.

Martínez había sido procesado en diciembre pasado en el marco de una investigación de la justicia federal porteña por el asesinato del coronel post-mortem Bernardo Alberte, ocurrido el 24 de marzo de 1976, y estaba bajo prisión preventiva domiciliaria.

La imputación del juez federal Daniel Rafecas lo vinculó con el secuestro de 1194 víctimas; con 151 homicidios y 696 casos de torturas entre 1976 y 1978, integrados a la megacausa por delitos de lesa humanidad en el Primer Cuerpo del Ejército.

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