En un acto de reparación de la justicia y de la construcción de la memoria, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos entregó órdenes de pago por pensiones vitalicias a ex presos políticos de la última dictadura militar.

El ministro Cristian Bassin manifestó que: “mientras algunos quitaron el principal derecho de una persona, que es la vida; ahora desde el Estado estamos gestionando para que se reivindiquen derechos de aquellos que, debido a su militancia, vieron su proyecto de vida truncado”.

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Por su parte, Daniel Tagarelli, subsecretario de DDDHH, sostuvo que: “a quienes solamente estuvieron 8 horas demorados en una comisaría no los vamos a aceptar porque no fueron ex presos políticos”.

El 24 de marzo de 2012, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez dio a conocer el decreto Nº 514. Éste regula la Ley 8.395, que instituye una pensión vitalicia para hombres y mujeres que entre el 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983 fueron privados de su libertad como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas de Seguridad, por causas políticas, gremiales o estudiantiles. Desde 2012 hasta la fecha, ya son más de 300 los ex presos políticos que ya han accedido a este derecho reparatorio.

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La firma de este decreto fue un hecho político con un alto contenido simbólico y significativo para la vida institucional de Mendoza, ya que es un mecanismo de reparación para las víctimas, hombres y mujeres, del terrorismo de Estado, después de casi 30 años de democracia.

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