La sociedad mendocina ha cambiado en las últimas décadas, y las escuelas dan acuse de recibo de situaciones que antes no existían. Desde la DGE aseguran que para lograr el objetivo de la enseñanza, hoy los docentes tienen que estar capacitados para resolver situaciones de violencia, educación sexual y hasta suplir la falta de apoyo familiar. Las asimetrías formativas también son un problema en un sistema que hace énfasis en la inclusión.

Con tres años y medio de gestión, María Inés Abrile de Vollmer reconoce que su gestión estuvo atravesada por múltiples transformaciones que se dictaron desde la Nación. “La Ley de Educación Nacional nos hizo responsables de la inclusión de dos franjas etarias que antes no eran abarcadas por la educación obligatoria: los niños de cuatro años (nivel inicial) y los jóvenes entre 16 y 18 años (ciclo superior del nivel medio)”, dice. Estas políticas fueron ejecutadas gracias a importantes fondos aportados desde las arcas centrales, que se volcó a la toma y capacitación de docentes, realización de jornadas y construcción de edificios.

Sin embargo, el foco estuvo centrado en los docentes. “Hoy el trabajo del docente es mucho más complejo y tiene que lidiar con situaciones que antes no se daban en las escuelas”, introduce Abrile de Vollmer. Así, las temáticas en las que se hizo hincapié fueron la educación sexual (hoy se dictan contenidos desde las salas de cuatro años), la violencia en el ámbito escolar y la falta de estructura familiar.

Pero el mayor desafío estuvo –y permanece vigente–, en combinar las políticas de inclusión con la calidad educativa. Donde más se hizo notoria esa asimetría fue en la educación media. “Cuando nos hicimos cargo en 2012, solo el 54% de los adolescentes asistía al nivel secundario, y hoy estamos entregando la gestión con el 90%”, señala la funcionaria, y explica que “los estudiantes faltantes fueron recuperados de entre aquellos chicos que se habían quedado fuera del sistema por razones sociales, económicas y de movilidad. Estos chicos demandaron un trabajo especial, porque la mayoría no poseía una práctica de lectura comprensiva ni hábitos de estudio”.

Este ingreso masivo de estudiantes requirió que la DGE tuviera que salir a contratar mayor cantidad de docentes que cubrieran los cargos de asesoría y acompañamiento de los menos adaptados. “Ahora es el Estado el que paga los sueldos de lo que en la clase media se conoce como maestros particulares, pero que en las escuelas públicas son empleados para acelerar procesos de aprendizaje”, completó Vollmer en respuesta la acusación de “incluir más docentes de los que hacen falta”.

Según datos estadísticos de la DGE, esta política permitió que cayera hasta el 2% la cantidad de adolescentes que abandonan. No obstante, aseguran que gran parte se pasó al sistema de Educación para Adultos, que les permite acomodar sus tiempos de estudios con otras obligaciones personales como el trabajo o la familia.

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