Numerosas pensiones por discapacidad aún no han sido restituidas

En junio de este año se desató la polémica luego de que miles de personas en toda la Argentina denunciaran la quita de pensiones por incapacidad laboral, donde se incluye a las personas con discapacidad. Desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron que se trataba de un “error” y que iban a revisar caso por caso para restituir las que correspondiesen. Mientras exista el decreto 432/97, sancionado en la época de los 90, que especifica las condiciones con las que debe cumplir una persona con discapacidad para recibir la pensión, las diferentes asociaciones temen por la quita de más pensiones.

Alejandra Berlanga, miembro de los Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad, habló con Diario Somos y explicó que hay muchas pensiones del 2016 que aún no se han restituido, y que la situación de organización de los organismos gubernamentales que se encargan de estos temas, ya no es la misma, sino que está sufriendo transformaciones efectuadas por el Gobierno, lo cual les produce una gran “incertidumbre”. “Hay un cambio de reglas de juego terrible”, dice preocupada.

“Mientras ese decreto siga existiendo muy poca gente va a poder acceder a una pensión y a mucha gente se la van a sacar, porque tenés que vivir prácticamente abajo de un puente”, dice y continúa explicando que la pensión no alcanza los 5.000 pesos y que no equivale a un salario mínimo de subsistencia. “Es totalmente irregular el planteo”, agregó.

Le preguntamos a Alejandra por la cantidad de personas con discapacidad que fueron afectadas con la quita de su pensión y que aún no se restituyen, a lo cual respondió que no tienen los datos, ya de que desde los organismos oficiales no llevan cuenta esto. “Nosotros fuimos a la Defensoría de las Personas con Discapacidad y le preguntamos por escrito ¿cuántas personas perdieron las pensiones y cuántas se restituyeron?, nos respondieron que no tienen información sobre ese tema. Nos fuimos entonces al CAL (Centro de Atención Local, del Ministerio de Desarrollo Social) y le preguntamos lo mismo, y nos dijeron que tampoco lo sabían. Ese mismo pedido de información lo elevamos a Buenos Aires. Estamos esperando que nos respondan”, manifestó.

Berlanga cuenta enojada que con las decisiones políticas tomadas, las personas con discapacidad “fueron vulnerados social y económicamente”. “Es gravísimo porque uno tiene un derecho adquirido, entonces ellos no te lo pueden quitar, es inadmisible lo que han hecho”.
Alejandra habla desde el lugar de luchadora pero también desde el lugar de mamá, es que su hijo con discapacidad, de 17 años, ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente 8 veces, y dentro de poco será la novena vez. “Mi hijo tiene 8 operaciones encima y ahora tengo que hacerle otra más” y continúa explicando la necesidad de la pensión de $4900 que se les otorga . “En general la gente no tiene hijos que hayan pasando por ocho operaciones, las personas con discapacidad pasan por una circunstancia que la mayoría de la gente no pasa”.

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“La posibilidad de tener una pensión no contributiva, para mucha gente, es una cuestión de supervivencia”, dice Alejandra en relación a la imposibilidad muchas veces de conseguir o poder trabajar, del dinero que significa pagar las terapias, transporte, todos los gastos en salud, educación.
En cuanto a los cambios efectuados desde el Gobierno en los organismos que trabajan con la temática de discapacidad, Berlanga cuenta cómo era la situación anteriormente y cómo está hoy. “Antes existían como entes importantes en el mundo de la discapacidad, la CONADI (Secretaría de Derechos Humanos) y la Comisión Nacional de Pensiones, que manejaba las pensiones no contributivas. Allí se les otorgaba las pensiones a las personas con incapacidad laboral, donde entraban las personas con discapacidad, madres con más de 7 hijos y adultos mayores de más de 65 años”.

“Lo que hizo el gobierno fue disolver la CONADI y la Comisión Nacional de Pensiones y las unificó en un solo organismo que se llama Agencia Nacional de Discapacidad”, expresa y continúa contando que las madres con más de 7 hijos, y los adultos mayores de 65 que cobran una pensión, ahora lo realizan a través del ANSES. “En la Agencia Nacional de Discapacidad quedaron solamente las pensiones por incapacidad laboral de más del 76% (que tiene que estar certificado por un médico). Aquí entran también personas con HIV o enfermedades graves”.

En relación a esto último, explica que la situación que atraviesan es grave, ya que desde Gobierno quieren que “solamente accedan a esas pensiones las personas con discapacidad que tengan el Certificado Único de Discapacidad. Hay un montón de gente que va a quedar afuera”.

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Berlanga cuenta que se sienten muy desorientados en cuanto a dónde se tienen que dirigir ahora por el tema de las pensiones y otros relacionados a la discapacidd.

“Acá vino a presentarse la Comisión Nacional de Discapacidad, pero la presentación fue totalmente efímera porque no presentaron estructura, no hay claridad del organigrama, la forma en cómo van a trabajar. A la vez están elaborando el Plan Nacional de discapacidad que también esta muy poco claro”. Y continúa explicando, que la REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) realizó un pedido formal de información de la Comisión. “Preguntaron por las características que tiene el proyecto, cuáles son los principios, los puntos centrales y la forma de financiamiento y se demostró que no existía”, es decir, no tienen estructura formal.
Además cuenta que se realizó también una reunión en Cuyo sobre esto y que no fueron invitadas. “A ultimo momento dijeron que iba a faltar gente de San Luis y La rioja, entonces empezaron a invitarnos por whatsapp para que fuéramos al evento. Tienen muy poca seriedad, no hay claridad de nada”.

La situación provincial y nacional

En Mendoza hay 200 mil personas con discapacidad (según el Censo realizado en 2010). De esa cifra, solamente 50 mil tienen el Certificado Único de Discapacidad, o sea que los habilita a tener la pensión.

A nivel nacional hay 5 millones de personas con discapacidad. Solo 1 millón cuentan con el Certificado Único de Discapacidad.

“Hay 4 millones de personas que no tienen CUD, por lo tanto no tienen la pensión. Eso que decían que todos tenían la pensión es mentira”, dice Alejandra Berlanga.

Además, en Mendoza, el 75% de las personas con capacidad, económicamente activa ( o sea en condición para trabajar) están desempleados. Lo cual indica la baja inserción laboral de las personas con discapacidad en la provincia.

Teniendo en cuenta ésta última situación, Alejandra finalizó diciendo: “La pensión para muchas personas es la única subsistencia”.

Nota: Carla Palomino

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