En la única audiencia de la semana realizada en el marco del IV Juicio por delitos de lesa humanidad, las testimoniales de la jornada fueron precedidas por un pedido del doctor Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad de la Nación, sobre la prisión domiciliaria solicitado por el exmagistrado Otilio Romano. Auat manifestó su rechazo considerando el antecedente de fuga del acusado y la dudosa objetividad del informe del perito forense. Además valoró el perjuicio social que implicaría una resolución contraria a la repuesta institucional que esperan hace 34 años las víctimas de delitos de lesa humanidad.

A este pedido adhirieron las partes integrantes de la Querella, entre ellos el doctor Pablo Salinas, por el Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, quien además reforzó el pedido de cárcel común e igualdad de condiciones ante la Justicia. Por su parte, la Subsecretaria de Justicia de la provincia, doctora Romina Ronda dejó en consideración del Tribunal la realización de una visita al pabellón de los acusados para constatar las condiciones en las que se encuentran.

Tras esto, se dio lugar al primer testimonio que fue prestado por Alberto Mario Peña quien declaró en relación a la detención de su hermana Alicia Graciela Peña, el 1 de abril de 1976.

El testigo recordó que para entonces, su hermana cursaba el tercer año en la facultad de Letras, trabajaba como docente y era catequista en una iglesia de San José. Además era delegada de sus colegas docentes e integraba el centro de estudiantes en la Facultad de Filosofía y Letras.

Según el testigo, aquella madrugada de abril, un grupo de veinte militares llegó a la vivienda, solicitando la presencia de Alicia Peña. Allanaron la vivienda violentamente y redujeron a Alicia durante los cuarenta minutos que duró el operativo. Tras esto, Alicia fue llevada detenida y la familia quedó bajo la vigilancia de militares posteriormente relevados por agentes del servicio de Inteligencia.

Tras este hecho, la familia comenzó una búsqueda para dar con el paradero de Alicia. Sobre esto, el testigo recordó las visitas a diferentes centros de detención, y gestiones de sus padres ante la Justicia Federal.

En el recorrido para dar con Alicia, su padre llegó al D2. Este, que trabajaba como arquitecto y había sido inspector de la obra del Palacio Policial, habría manifestado repudio sobre las condiciones inhumanas de las celdas. Peña recordó que oficiales del D2 entregaban “pruebas de vida” que no pertenecían a Alicia para obstruir la búsqueda. “Yo creo que estaban jugando con mi padre. Nunca tuvimos la certeza de que estaba en el D2, ni que estuviera viva”, expresó el testigo.

La familia vivió escoltada por oficiales y con la línea telefónica intervenida durante los siguientes meses. En la segunda quincena de mayo, supieron que Alicia se encontraba en la Penitenciaría de Mendoza. Allí pudieron verla por primera vez, y observaron que no podía caminar por las condiciones en las que se encontraba. En clara referencia a las torturas recibidas por la víctima agregó que posteriormente en Devoto, “Alicia todavía rengueaba”.

La exposición rememoró las gestiones familiares de los Peña hasta que Alicia recibiera libertad vigilada en diciembre de 1981.

Posteriormente, declaró Eugenio Ernesto Paris, quien aportó una detallada declaración sobre su causa. Secuestrado a los veinte años de edad, cuando era estudiante de medicina y realizaba prácticas patológicas en el Hospital Central.

“Yo no soy detenido, yo fui secuestrado”, expresó Paris al iniciar un exhaustivo detalle sobre lo ocurrido aquel 13 de mayo de 1976. Su secuestro integra una detención masiva a militantes de Partido Revolucionario de los Trabajadores y de la Juventud Peronista iniciada el 11 de mayo hasta fines de junio de 1976. Paris aseguró que su captor fue Celustiano Lucero quien lo trasladó, junto a un grupo de militares, al D2 donde permaneció hasta el 7 de julio de aquel año.

Sobre su cautiverio en el D2, Paris relató numerosas sesiones de tortura, vejaciones y tratos inhumanos recibidos por parte de los oficiales. De esta manera, el testigo pudo señalar firmemente al acusado Julio Héctor Lapaz. “Ese cobarde que está ahí, nos vapuleó, nos insultó”, expresó Paris, y lo implicó en la violación sufrida a una de sus compañeras, en la cual participara además de Lapaz, el exoficial Rubén Darío González. “La práctica de la violación fue sistemática”, refirió el testigo y agregó que los oficiales señalados se mofaban de estas prácticas ante los detenidos.

En una intensa y detalla declaración, el testigo aportó detalles sobre las condiciones de detención en el D2, lugar en el que perdieran la vida Daniel Moyano y Aníbal Torres, entre otros de sus compañeros.

Además, el testigo brindó declaración sobre otros detenidos con los que compartiera cautiverio, entre ellos Graciela Leda y Raúl Aquaviva.

Indagado sobre diferentes episodios ocurridos en aquel centro clandestino de detención, Paris aludió a “un día de silencio en el D2”. Este silencio le permitió vincular la complicidad y participación del personal del D2 en el operativo contra Paco Urondo, el 17 de junio de 1976.

Posteriormente, el testigo declaró sobre su trasladado al pabellón XI de la Penitenciaría Provincial, el 27 de julio. Recordó que allí fue requisado por los exoficiales Bianchi y Linares, y que “todas las veces que fue trasladado de un lugar a otro – hasta el año ’81- era a los golpes”. Este aspecto fue ampliado por el testigo con la mención a la histórica requisa realizada el 24 de julio de 1976 en la asunción de Naman García y aportó datos sobre la causa Rabanal y agregó detalles sobre el accionar de los oficiales acusados.

Finalmente, se dio lugar al testimonio de Hermes Omar Ocaña Lucero, quien para el año 1976 se desempeñaba como delegado de la primera gremial del Banco de Previsión Social. Recordó que para el mismo año se había conformado una Cooperativa de Seguridad Bancaria integrada por policías del D2, entre ellos Gutiérrez, Blanco, Vazques y Lapaz. “Sabíamos que estas personas estaban cumpliendo tareas de inteligencia”, expresó.

Detenido la semana posterior al golpe cívico militar fue trasladado al D2 donde permaneció hasta finales de mayo junto a sus compañeros Galván, Lucero y Santos. En aquel lugar fueron interrogados bajo torturas conocidas como “submarino” y “chapuzón”, con el objetivo de indagar sobre sus actividades gremiales y contactos personales.

El testigo aseguró que en algunos casos había un ensañamiento del personal militar hacia los detenidos, entre quienes mencionó a Acquaviva, Robledo, Tognetti, Gaittán y Paris. Entre aquellos pudo identificar a los exoficiales Rosales, Lapaz y Gutiérrez.

Tras el relato sobre su cautiverio en el D2, Ocaña referenció diferentes lugares de detención por los que fue trasladado. De esta forma recordó que a mediados de mayo fue llevado a la 8va Compañía de Comunicaciones donde estuvo bajo la vigilancia de los exoficiales Migno, Peralta y Pajela.

Para el 20 de septiembre, en medio de un traslado masivo fue llevado al Pabellón XI de la Penitenciaría Provincial. Sobre este lugar brindó detalles sobre dos interrogatorios a los que fue sometido en un lugar identificado como el locutorio de la penitenciaria.

El 27 de octubre, un grupo de militares encabezados por Naman García y Rolando González, le informa sobre su traslado al regimiento de Campo Los Andes junto a siete compañeros suyos. Allí permanecieron bajo la custodia del Mayor Paz. En ese lugar, conocido como “la pichonera de subversivos”, el régimen sostenía la rigurosidad de los anteriores y las requisas eran diarias

A llegar el 30 de diciembre, Ocaña y el resto del grupo fue nuevamente trasladado a la Penitenciaria Provincial hasta marzo de 1977, donde el exoficial Léspori le informa que ha quedado en libertad y le aconseja “se portara bien”.

Ocaña hizo mención al reconocimiento fotográfico que realizara en el 2009 donde reconoció entre sus carceleros a los exoficiales Rosales, Gutiérrez, Blanco y Vázquez

Durante los días de detención, Ocaña no fue informado sobre las causas de su detención, no contó con la representación de un defensor oficial ni pudo declarar ante ninguna autoridad judicial.

Tras un nuevo cuarto intermedio, las audiencias públicas reanudarán el próximo lunes 8 de septiembre con el testimonio de Alberto Scafatti, María Teresa Carrer, Carlos Roca y Raúl Acquaviva.

Fuente: Prensa de la Gobernación

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