Mientras la actual diputada conservadora se vanaglorió del pedido del propio presidente electo sobre no tolerar la corrupción pasada ni futura, su nombramiento no cumple con los requisitos para ese cargo.

El decreto 102/99 que la Oficina Anticorrupción estará a cargo de una persona que sea abogada o haya intervenido en el Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial, con un mínimo de seis años.

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Sin embargo, la diputada del PRO es Licenciada en Ciencia Política y no cuenta con los requisitos mínimos para ocupar ese lugar.

Ahora a los adalides del republicanismo les queda dos caminos: o nombrar una nueva figura para ese cargo o modificar del decreto para que pueda asumir Alonso. Lo que desde sí redundaría en una irregularidad cuyo motivo es solo ocupar un cargo.

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