“Se trata de una caza de brujas dirigida a Lázaro Báez. La finalidad es encontrar algo contra él cuesto lo que cueste”, resumieron los abogados del empresario K detenido hace más de un mes, en un extenso escrito que presentaron ayer ante la Cámara Federal. Rechazaron cualquier delito, solicitando con argumentos políticos la falta de mérito, el fin a la prisión preventiva para el titular de Austral Construcciones y que se deje sin efecto el embargo por 100 millones de pesos sobre bienes y vehículos de la familia.

Son 96 páginas cargadas de jurisprudencia y con un marcado acento político. En ellas, Daniel Rubinovich y Rafael Sal Lari reiteran su inocencia y que no hay ningún fundamento para mantenerlo detenido. Así de simple. Bajo esta línea argumental, consideran que la situación procesal fue efectuada con “omisiones” y en base a “conjeturas arbitrarias”.

Radicalizando su defensa, Báez considera que se tergiversa la información brindada a la opinión pública, generando un ”corrimiento en el objeto de interés en esta causa”, para dejar de ser un proceso judicial y ”mutar” hacia la ” consagración del más primitivo sentimiento de venganza popular (y judicial)”.

La primera parte del ”Memorial” que amplía la apelación de los acusados, Lázaro y Martín Báez, busca despegarse de las acusaciones sobre lavado de activos, defendiendo la ”licitud” del patrimonio del empresario K, que en cinco años creció 1.200% y que según la tasación preliminar de sus bienes ascienden a 60 millones de dólares.

La defensa insiste que no hay ”hecho que pueda ser considerado como principio de ejecución del delito de lavado de activos”, y considera que la capacidad patrimonial de Báez ”invalida cualquier acusación, es arbitrario y antojadizo afirmar que el conjunto total de bienes correspondiente a nuestros defendidos resulte proveniente de algún ilícito tal como parece dejar entrever la resolución”.

Respecto a los sobreprecios denunciados en la obra pública, que superan en muchos casos el 250%, la defensa de Báez indica que nada de esto ”está probado”, al igual que las ”supuestas facturas apócrifas mediante las que habrían tornado ilícitos esos fondos”. Allí, explica el caso empresa por empresa que se sospecha participó de esta maniobra, planteando como principal defensa los ”controles y certificaciones de Vialidad Provincial”. La justicia sospecha, en cambio, que hubo una turbia connivencia.

En un juego de palabras, la defensa del titular de Austral planteó que si los fondos de la empresa aludida provinieron de contrataciones con el Estado ”es indiscutible que se trata de dinero “blanco”. Con este argumento, desestiman la existencia del ”delito precedente” punto central de la investigación.

Al argumento del ”injustificado procesamiento”, la defensa agrega que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán no probaron ”nada hasta el momento”, y que sólo se busca ”someter a Lázaro y Martín Báez al escarnio de un proceso penal”.

Apelando al ”perjuicio generado a la familia”, la defensa cree que el embargo trabado por 100 millones de dólares sobre bienes y vehículos, ”permanece huérfano de fundamentación”, y que todo confluye en un ”encierro ilegítimo” del socio comercial de los Kirchner. ”Su detención muestra un ejercicio discursivo sin base en la realidad”, consideran.

Un argumento ya expuesto, rechaza la veracidad de las imágenes de la financiera SGI donde está Martín contando millones de dólares y concluyen que ”contar sumas de dinero –cualquiera sea la cantidad y denominacio´n- claramente no es lavar, ni comenzar la ejecucio´n de ese delito”.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here