La Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (FACE) criticó la tarifa social que implementó el Gobierno nacional para contrarrestar el impacto de la quita de subsidios en el servicio. Sus dirigentes señalaron que el beneficio se concentra en Capital Federal, donde reside un millón de usuarios.

El sector cooperativo provee de energía eléctrica al 17 % del total de usuarios de Argentina (más de tres millones, la mayoría residentes en el ámbito rural y urbano-rural) y electrifica al 70 % del territorio nacional.

La particularidad que tiene el sector de electrificación del campo es que siempre los costos del mantenimiento de las redes son más altos por las extensiones que hay que cubrir y por el escaso número de usuarios en proporción de la inversión. Una ecuación inversamente proporcional con los tendidos eléctricos en las áreas urbanas donde el gran consumo está concentrado en espacios más reducidos.

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El mendocino José Álvarez asumió la presidencia de FACE en la última semana de marzo. El dirigente llegó a ese cargo porque preside a la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y Algarrobo Grande, entidad que abastece a buena parte de los pobladores rurales de la Zona Este de Mendoza.

Álvarez señaló que la decisión del Gobierno Nacional de retirar, desde diciembre de 2015, los subsidios al sector, debería impactar directamente en los sectores de mayores ingresos quienes, según el Ejecutivo, podrían afrontar una tarifa más alta, mientras que para los sectores más vulnerables se diseñó el esquema de la tarifa social para mantener los subsidios.

Como factor relevante de la economía social, los cooperativistas eléctricos tuvieron una gran participación en el intento por congelar las tarifas eléctricas, hecho que significaba incluso absorver costos más altos. “En la cooperativa veníamos diciendo que si el sistema continuaba así, iba a decaer. Y estamos de acuerdo en que se produjera este llamado sinceramiento del Gobierno pero debía ser bien informado a la población”, advirtió Álvarez.

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El dirigente aclaró, además, que el fondo que se recauda por este ”sinceramiento” tarifario no llega de manera directa a las cooperativas, sino que el dinero pasa al Estado. “Nosotros no recibimos el dinero porque es un subsidio que se quita, y el subsidio lo pone el Estado Nacional, por lo que el ítem que figuraba en las facturas, que estaba subsidiado, ahora lo pone el usuario”, puntualizó.

 Cerca del usuario

Por su parte, Carlos Fernández, jefe del área comercial de la cooperativa de electrificación rural, detalló específicamente que la medida nacional mantiene los subsidios para la categoría “residencial”, es decir puntualmente para la vivienda. Sin embargo, muchos usuarios no pueden acceder a la tarifa social porque la factura del servicio eléctrico no está su nombre o porque, aún reuniendo los requisitos necesarios para acceder al beneficio, la persona no está vinculada con el servicio.

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Para intentar dar respuesta a esta situación, además del acercamiento a los diferentes distritos, Fernández dijo que las cooperativas están trabajando junto con el EPRE para construir un padrón de tarifa social que se actualice constantemente.

Ambos dirigentes insistieron en que la tarifa se aplica de la misma manera tanto en zonas rurales como urbanas, siempre que el usuario cumplan con los requisitos previstos para acceder a ella. Sin embargo, sostuvieron que ”en términos generales, el impacto de la quita de subsidios del servicio en Mendoza no va ser tan grande como en Capital Federal”. Según sus cálculos, en Mendoza, de los 13 mil usuarios eléctricos de cooperativas, hay entre 2.800 y 2.900 que pueden acceder a la tarifa subsidiada.

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