De acuerdo al estudio presentado por la Universidad de La Pampa las pérdidas por la falta de agua en el río pueden alcanzar los 14 mil millones de pesos. Sigue la disputa con Mendoza.

La Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) dio a conocer hoy un estudio donde se señala que las pérdidas económicas ocasionadas durante 25 años a la provincia por el “corte” del río Atuel alcanzan entre 1.239 millones de pesos y 14.284 millones, considerando valores del año 2012, cuando fue realizado el relevamiento.

El “Estudio para la cuantificación monetaria del daño causado a la provincia de La Pampa por la carencia de un caudal fluvioecológico del río Atuel”, al que tuvo acceso Télam, fue elaborado por especialistas de la Consultora de la Universidad local a partir de un pedido de la Secretaría de Recursos Hídricos y fue incorporado a la demanda pampeana de 2014 contra Mendoza en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el corte del río.

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Sobre el daño económico, los especialistas advirtieron que “dado el horizonte temporal tomado en 25 años, el cálculo del Valor Actual Neto de los ingresos anuales determinados, según las diversas tasas de corte seleccionadas y sin considerar efectos inflacionarios a futuro, arrojan valores netos de pérdida económica que oscilan desde un mínimo de 1.239 millones a 14.284 millones”.

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“El daño se ha identificado en actividades productivas que disminuyeron su desarrollo por bajos rendimientos”, se indicó.

El informe también señala en sus conclusiones que “la carencia de un caudal fluvioecológico del Río Atuel en la provincia de La Pampa ha provocado una importante modificación en las condiciones ambientales, productivas y sociales en la zona de los Bañados del Atuel y en la cuenca hidrológica inferior del río. Estas alteraciones representan un daño ya que las mismas han generado cambios desfavorables en los ecosistemas aguas abajo”.

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El trabajo fue incorporado a la demanda que presentó el gobierno de La Pampa contra Mendoza en mayo del año 2014 ante la Corte Suprema de Justicia solicitando que se declare el incumplimiento de aquella provincia a la sentencia del máximo tribunal de 1987 que la obligaba a negociar y celebrar de buena fe convenios para regular el uso del agua del río Atuel.

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