La jueza dijo que le practicarán un aborto a la nena violada, pero el Gobierno habló de ‘salvar las dos vidas‘

La víctima, de 11 años, había manifestado su voluntad de interrumpir el embarazo y contaba con el respaldo legal de su madre.

El caso de la nena violada en Tucumán, embarazada de más de 23 semanas, volvió a exponer las contradicciones políticas a la hora de aplicar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). En un primer momento, el Ministerio de Salud provincial (Siprosa) adelantó este martes que llevarían adelante una ILE, algo que confirmó a este medio la jueza Valeria Judith Brand. Pero pocas horas más tarde, el propio Gobierno emitió un comunicado en donde aseguraron que tomarán las medidas necesarias para “salvar las dos vidas”.

Fuentes cercanas al gobernador Juan Luis Manzur le explicaron a TN que la víctima, que sigue internada en el Hospital Eva Perón, será sometida a una”microcesárea”. Si bien focalizaron en que “la prioridad será preservar su salud”, también dijeron que hay “remotas chances” de que sobreviva el feto.

Lejos de aclarar esta situación, el Siprosa difundió un comunicado en donde habló, en una primera parte, del fallo FAL. Es decir, del marco judicial que avala un aborto legal en este tipo de caso, donde se trató de una violación. Como si fuera poco, la propia víctima expresó en Cámara Gesell su voluntad de no continuar con el embarazo. Y cuenta con el respaldo de su madre, que al tener su responsabilidad parental pudo presentar un pedido oficial de una ILE este martes.

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Sin embargo, en el mismo texto el Gobierno concluyó con que continuarán con “con los procedimientos necesarios para salvar las dos vidas”, un punto que generó una gran controversia ya que dicha decisión desacreditaría el deseo de la víctima.

TN.com.ar se comunicó con la jueza civil en Familia y Sucesiones de la V Nominación, Valeria Judith Brand, quien insistió en que se llevará adelante una Interrupción Legal del Embarazo y que la prioridad será “la preservación de la vida y de los derechos de la nena de 11 años”.

Pero cuando se le consultó sobre cómo sería la intervención, ya que desde el Gobierno hablaron de una cesárea y no de un aborto, la magistrada se desligó y aclaró: “El procedimiento quirúrgico lo desconozco. Todo lo referente a la ILE es de resorte, competencia y decisión médica. No judicial”.

El caso salió a luz después de que organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la mujer denunciaran que la víctima sufría presiones para continuar con el embarazo y que estaban dilatando el proceso para que cada vez sea más complicado practicarle un aborto. En la misma línea, se filtraron datos de su intimidad, como dónde estaba internada, por lo que grupos bajo el lema “sí a las dos vidas” fueron hasta la puerta del hospital para pedir que no abortara.

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Otra de las trabas en el escenario judicial fue que no quedaba claro qué adulto responsable de la familia de la víctima podía acompañar la petición de la ILE. Su mamá había perdido la tenencia después de que su novio violara a sus otras dos hijas. Y su abuela también perdió la tutela ya que se comprobó que convivía con el abusador de su nieta, que quedó detenido.

A pesar de esto, abogados especializados señalaron que más allá de que la madre no tiene la custodia de la chica, no perdió la patria potestad o responsabilidad parental.Tanto ella como el padre pueden respaldar el reclamo. Fue así como este martes, la mamá efectivamente presentó el pedido oficial de la ILE ante las autoridades.

Por su parte, las ONGs Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) se pusieron a disposición de la familia para participar de la causa en carácter de amicus curiae (“amigos del tribunal”).

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