En la denuncia presentada el 29 de diciembre último, la Subsecretaría, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, advirió sobre la posible construcción, por parte de productores del norte bonarense, de canales que habrían facilitado las inundaciones en esa zona.

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De acuerdo a las normas procesales, tras la ratificación -para lo cual se hablitó la feria judicial- el juez ”dará vista” (pedirá opinión) al fiscal para que el representante del ministerio público dictamine si corresponde dar impulso a la investigación penal.

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En el Ministerio de Planificación se ordenó que ”se instruya el pertinente sumario tendiente a comprobar si los hechos denunciados configuran delitos penales contra la seguridad pública, tipificados en los artículos 186 y 196 del Código Penal, en función del artículo 194 del Código Procesal Penal de la Nación”.

 

”Se ha verificado la existencia de numerosos canales construidos en los campos de la zona, la mayoría de los cuales colectan el agua superficial y sub-superficial de las subcuencas vecinas al cauce principal, desembocando su curso en el Río Areco y/o a los canales aliviadores de las rutas”, dice la denuncia.

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El artículo 186 del Código Penal (incluido en el capítulo de los ”delitos contra la seguridad pública”) reprime a quienes ”causaren incendio, explosión o inundación” y prevé penas de tres a 10 años ”si hubiere peligro común para los bienes”.

 

Por su parte el artículo 196 castiga al que ”por imprudencia o negligencia o por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un descarrilamiento, naufragio u otro accidente previsto en este capítulo”.

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En la presentación ante la justicia, efectuada por el titular de Recurso Hídricos, Fabián López, se pide que se verifique la posible la existencia de los canales ”no declarados” en la zona y alrededores.

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