La causa sería elevada a juicio este martes, aunque recién se llevaría a cabo en 2019. El proceso será oral pero no público, debido a que se trata de casos de abuso y víctimas menores.

A un año y medio de que el escándalo saliera a la luz, este martes la causa por abusos en el Instituto Antonio Próvolo será elevada a juicio oral. La resolución podría conocerse este martes, o el 27 de mayo a más tardar.

Pese a esto, la concreción del juicio aún esta lejos, ya que los abogados involucrados calculan que este se realizaría recién en 2019. 

Esto se debe a razones procesales. La causa actualmente tiene a cuatro imputados principales, pero aún no se cerró la investigación de otros dos expedientes: la denuncia contra la monja Kumiko, y otro donde fueron acusados otra religiosa y parte del personal directivo y profesional del instituto.

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Los abogados querellantes quieren que los tres expedientes sean juzgados en el mismo juicio, y no en debates separados porque podrían incurrir en actos jurídicos nulos. Eso sería lo que dilataría el debate oral, para que se realice el año próximo.

El juicio será oral pero no será público, y por ende, se realizará a puerta cerradas. Es decir, ni la prensa provincial o nacional, ni referentes de ONG o parientes de las víctimas o acusados podrán presenciar el juicio. 

Esto responde al Código Procesal Penal de Mendoza, que en su artículo 372establece: “El debate será oral y público, bajo pena de nulidad, pero el tribunal podrá resolver, aun de oficio, que se realice total o parcialmente a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la moral o la seguridad pública. También cuando se juzgue a un menor de 18 años”. 

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En parte la finalidad de esto es preservar el honor de las víctimas. De hecho, todas la audiencias orales previas que se han realizado durante toda la investigación han sido privadas, y sólo han ingresado las víctimas y testigos.

En total la causa tiene 14 acusados, entre sacerdotes, monjas, psicólogos, trabajadores sociales, docentes y personal de mantenimiento. Los principales son cuatro y están detenidos: el cura Nicola Corradi (81), máxima autoridad del instituto, tiene régimen de prisión domiciliaria; el sacerdote Horacio Corbacho, que está en la cárcel,  y los empleados Jorge Bordón y Armando Gómez, todos con los delitos más graves.

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Además hay dos monjas, una de origen japonés, con graves denuncias, y otra de origen paraguayo a la que se le reprocha conductas omisivas ante el conocimiento de lo que sucedía.

Los ocho restantes son 4 ex directivos del establecimiento educativo y el resto personal profesional entre los que se cuenta a Graciela Pascual, apoderada y mano derecha de Corradi, a quien la acusan de haber sabido lo que ocurría y haberlo ocultado deliberadamente.

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