El 5 por ciento del territorio mendocino corresponde a la zona irrigada, y en ese pequeño porcentaje vive el 95 por ciento de los habitantes. En blanco: o se reorganiza la población o habrá familias sin luz, sin agua, sin empleo y sin tierra. Esto es concretamente lo que la Ley de Ordenamiento Territorial se propuso hace años y que este jueves quedará plasmado en una ley que necesitará ratificación Legislativa.

Esta norma propone la creación de un Banco de Tierras que, en principio, funcionará en la Dirección de Desarrollo Territorial (ex Doadu) hoy al mando de Carlos Frías. La idea es que en ese lugar se concentren todos los terrenos provinciales y nacionales que el Estado puede administrar para políticas productivas o habitacionales. Además podrán sumarse las tierras con grandes deudas con el fisco, las donadas y las expropiadas.

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El ministro de Ambiente, Guillermo Elizalde, sostuvo que si bien cada una de estas herramientas demandará de un plan de ordenamiento sectorial es prioridad absoluta del Gobierno. Esto porque ciertas políticas de Estado tropiezan con especulaciones inmobiliarias de todo tipo. Por citar un ejemplo tras el lanzamiento del PROCREAR algunos terrenos triplicaron sus valores teniendo en cuenta el fuerte aumento en la demanda. “Esto es lo que no puede seguir sucediendo si queremos que las políticas habitacionales funcionen”, remarca Elizalde en diálogo con Sitio Andino.

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Otra de las causas urgentes para esta gestión es el reordenamiento del pedemonte. Sobre éstas tierras también pesan especulaciones inmobiliarias de todo tipo. Pero para esto también habrá un plan especial porque la Ley de Ordenamiento Territorial prevee que debe reformularse una nueva Ley 4341 de Fraccionamientos y Loteos, teniendo en cuenta la problemática territorial expresada y que asegure el cumplimiento del presente Plan. “En especial para reglamentar los Condominios, fraccionamientos rurales que deben respetar zonificaciones municipales, pudiendo solicitarse espacio de equipamiento cuando supere 2 hectáreas”, dice el texto.

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El piedemonte es un territorio distinto a la llanura irrigada, en el ubican gran cantidad de cauces aluvionales, con un incremento en la pendiente natural del terreno, diversidad de formaciones geomorfológicas y fragilidad enunciada; que requieren respuestas urbanísticas especiales para su ocupación. ”Sin embargo ha sido impactada de la misma manera que la zona de interface urbana rural”, reconoce el ministro. Esto es lo que deberá solucionarse a través de ese plan sectorial para el cual Elizalde se ha propuesto un plazo máximo de 12 meses.

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