El proyecto se comenzó a tratar el 1 de octubre de 2014, aquí los argumentos del mismo:

”Traemos a consideración de los legisladores un proyecto de ley que tiene como fin adherir en todo el territorio Provincial a la “GUIA TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS ABORTOS NO PUNIBLES” del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación, elaborada en el mes de junio del año 2.010.

Esta adhesión fue planteada en el año 2012, obteniendo media sanción en la Cámara de Diputadas, pero rechazada por la Cámara de Senadores.

La provincia de Mendoza, a pesar de que han pasado 4 años desde la elaboración de este protocolo, aún no cuenta con la adhesión al mismo, ni ha elaborado uno similar.

Algunas de las provincias que sí han adherido son: Buenos Aires en julio de 2012; Chubut tiene una ley de mayo de 2010; Chaco por resolución de 2012 (Buenos Aires y Chaco por Resolución Ministerial); Ciudad de Buenos Aires del 6 de setiembre de 2012 por Resolución; Córdoba por Resolución de marzo de 2012, ; La Pampa por Decreto de abril de 2012; Neuquen por Resolución de noviembre de 2007 (es la guía anterior); Salta de mayo de 2012 por Decreto Provincial; Santa Fe del 17 de abril de 2012, tenía antes la adopción de la Guía Técnica Nacional del 2010 y en abril la actualiza; Santa Cruz adoptó la Guía de 2007

Mientras en países como Francia ha habido en eliminar restricciones para abortar dentro del primer trimestre de gestación, nuestra provincia ni siquiera ha establecido un protocolo para los casos de abortos no punibles regulados en el art. 86, inc. 2) del Código Penal.

Mantener la ilegalidad y penalización del aborto es la causa de muerte de miles de mujeres, principalmente mujeres trabajadoras y pobres que no pueden acceder a los costosos abortos que se realizan.

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Uno de los métodos para conocer la dimensión de esta práctica clandestina es una encuesta a informantes claves de los Servicios de Ginecología y Obstetricia del sector público, realizada en 2007 por el Conicet, el instituto Gino Germani y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en varias provincias, entre las que estaba Mendoza.

El informe calculó que por cada una de las mujeres que recurren a un hospital por abortos mal hechos, otras siete no necesitaron ninguna atención médica, ya que pudieron acceder a un aborto seguro.

Si esta fórmula se aplicara a la provincia, resultaría que son 18.235 los abortos realizados por año, lo que significa que aproximadamente se interrumpe un embarazo por cada dos nacimientos, ya que por año nacen más de 34.000 niños mendocinos

Es decir, que el aborto es una realidad, y mantener el aborto en la ilegalidad es estar contra la vida de miles de mujeres, siendo la principal causa de muerte materna.

Graciela Rosso afirma en “El aborto en Argentina hoy”: “En los países donde el aborto está legalizado se estima que se produce una muerte materna cada 100.000 abortos. Cuando está declarado ilegal, esa cifra asciende hasta 1.000 muertes por cada 100.000 abortos. En Francia, Italia y Cuba, por ejemplo, la legalización del aborto produjo una disminución del 40 por ciento en la tasa de mortalidad materna sin incremento del número total de abortos. Esta decisión no fue tomada en forma aislada, sino acompañada con la aplicación de programas de salud sexual y procreación responsable.”

Pero aquí estamos tratando un proyecto que parte de más atrás aún. El aborto no punible fue regulado en el Código Penal en el año 1921, y todavía hoy, son innumerables las trabas que una mujer tiene que padecer para abortar cuando es violada, corre riesgo su vida o es una mujer idiota o demente.

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Recién en el año 2012, en el caso “A. F. s/medida autosatisfactiva”, la CSJN emitió un fallo en el que aclara que el art. 86 del código penal debe interpretarse en el sentido de que que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Asimismo exhortó a implementar protocolos hospitalarios.

Esto es así, porque la vida y el derecho de las mujeres queda al arbitrio de la “conciencia” y “creencias” de cada Médico o Juez que pretenden judicializar a cada mujer que llega al hospital. Tal es así, que tuvo que haber un fallo de la CSJN por el caso de una chica de 15 años que fue violada por su padrastro. Vaya si hay trabas, que implican la vida e integridad de las mujeres, si hay que llegar hasta la CSJN.

El Centro de Información Judicial (Agencia de Noticias del Poder Judicial) resume en tres reglas claras el voto mayoritario, firmado por los jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni

“La primera: que la Constitución y los tratados de derechos humanos no sólo no prohíben la realización de esta clase de abortos sino que, por el contrario, impiden castigarlos respecto de toda víctima de una violación en atención a los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad. De este modo, se puso fin a la incertidumbre relacionada con el alcance del artículo 86, inciso 2º, del Código Penal, en tanto algunas instancias judiciales han entendido que éste sólo se aplica respecto de la víctima de una violación que poseyera alguna discapacidad mental, criterio que llevaba a que la cuestión se judicializara a lo largo del país con resultados adversos y, en algunos casos, con riesgo a la realización del aborto o a la salud de la madre.

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La segunda: que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial para realizar esta clase de abortos, debiendo practicarlos requiriendo exclusivamente la declaración jurada de la víctima, o de su representante legal, en la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación.

La tercera: que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos, por lo que deben abstenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones, las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico. “

Así y todo, Mendoza aún no ha implementado un protocolo. En el año 2012, los legisladores que rechazaron la adhesión al protocolo basaban sus fundamentos en principios jurídicos, morales y religiosos, muchos de ellos en oposición al derecho al aborto. Pero quisiéramos estar discutiendo la legalización del aborto, porque lo consideramos un derecho. Rechazamos discutir el aborto desde una óptica penal, porque por el aborto clandestino mueren miles de mujeres, y más que penal debería ser una problemática de salud pública. Insistimos, el aborto debería ser legal, gratuito y seguro en todos los hospitales. Así como también debería haber educación sexual en las escuelas, y anticonceptivos gratuitos.

Pero con este proyecto no estamos discutiendo la legalización del aborto. Estamos discutiendo, cómo una norma sancionada en 1921 que no penaliza el aborto que realicen mujeres violadas, dementes o cuya vida corra peligro puede ser implementada sin la necesidad de innumerables trabas hechas en el nombre de la moral, de las creencias o el orden público, pero que lo único que producen es más y más muertes de mujeres.

Por los motivos expuestos, es que solicitamos a los legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.”

Para continuar leyendo el proyecto se puede ingresar AQUÍ

 

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