El futuro de Veladero tiene dos grandes obstáculos: uno legal y uno judicial. Si bien están íntimamente relacionados, hoy no van por el mismo camino. De ahí a que la mina deba cerrar sus puertas hay un trecho enorme y difícil de proyectar, al menos por ahora. Sin embargo, el Gobierno de San Juan ya empezó a diseñar una estrategia de varios frentes para prepararse para cualquier escenario posible. Y está agitando el fantasma de la clausura para generar temor, lograr el apoyo de las cámaras empresariales y de los trabajadores, y entorpecer la investigación por el derrame de solución cianurada, que sería mucho mayor al millón de litros que reconoció Minera Argentina Gold SA (Barrick Gold).

En el corto plazo, la única posibilidad concreta es que el juez federal Sebastián Casanello conceda una medida cautelar reclamada por los ambientalistas para suspender preventivamente la actividad de la mina, porque pone en riesgo la salud o el ambiente. Son pocos los que creen que pueda prosperar, pero desde San Juan ya empezaron a marcarle la cancha al magistrado y amenazan con hacerle un juicio político. Lo dejó trascender el fiscal Guillermo De Santis. El objetivo es claro: hacer pesar la mala fama del magistrado vinculándolo a La Cámpora. Vaya paradoja: el gobierno kirchnerista nunca se interesó por el ambientalismo y la megaminería. Por eso, la táctica tiene su riesgo, ya que Casanello se podría convertir en el único juez de todo el Poder Judicial que le puso un freno a la poderosa multinacional Barrick Gold.

Hay otra causa penal en trámite por el derrame de cianuro. La tiene el juez Pablo Oritja, de Jáchal, una de las ciudades más cercanas a Veladero. El magistrado se había encargado de asegurarle a vecinos y medios que iba a ir ”con todo” sobre Barrick Gold, pero al procesar a nueve empleados de la minera, hizo un fallo a la medida del Gobierno local, ya que dedicó buena parte de su sentencia a derribar una pericia de la Policía Federal que arrojó que se contaminaron cinco ríos, limitó el daño a la provincia de San Juan y dejó afuera de la investigación a los funcionarios locales y nacionales. Nada dijo, por ejemplo, del desfinanciamiento de la Policía Minera.

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La Corte Suprema tiene ahora la decisión final sobre la competencia. Hasta el momento, el máximo tribunal esquivó cualquier tipo de definición sobre las causas que tienen a Barrick Gold como protagonista. En San Juan confían en que el expediente quede en la provincia, cuyos tribunales son más permeables a los intereses mineros frente a la Justicia federal porteña.

Un fantasma llamado clausura

El lunes trascendieron unas supuestas declaraciones del ministro de Ambiente, Sergio Bergman, al gobernador sanjuanino Sergio Uñac. ”Hay que prepararse para un posible escenario de cierre de la mina”, le habría dicho. Desde el Ministerio de Ambiente negaron categóricamente a Infobae que el ministro las haya pronunciado. Y dos fuentes consultadas coinciden en que el giojismo está haciendo circular esos rumores con el objetivo de enfrentar a los empleados del yacimiento con los asambleístas. Para este jueves está previsto que una comisión encabezada por el experto Robert Moran suba a Veladero para indagar varias cuestiones ordenadas por Casanello. En la Asamblea Jáchal No Se Toca temen que Barrick Gold use a sus trabajadores para frenar o estorbar la medida.

Pero la lógica tiene una trampa: si Veladero cerrara, no necesariamente sus empleados se quedarían sin tareas, ya que podrían seguir trabajando en las tareas de remediación ambiental, que demandarán varios años. Y si la clausura es temporal, seguirían cobrando.

Por otra parte, la estrategia pro-minera en San Juan aspira a que se discuta el rol de la industria en la economía. Sobre las supuestas bondades del sector hay un gran debate. El gobierno provincial se basa en un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional para asegurar que más de 30 por ciento del PBI provincial lo aporta la extracción de metales. Pero del otro lado creen que las cifras están groseramente infladas, que la minería metalífera sólo emplea al 0,04% de la población económicamente activa del país y que, a la vez, ahoga las economías regionales. También hay una discusión en torno a la bonanza sanjuanina, ya que las dos mayores obras públicas con las que suele ”chapear” Gioja son una avenida de circunvalación en la capital y un gran plan de viviendas encaradas con fondos nacionales.

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Mientras tanto, el Gobierno de San Juan busca recuperar la iniciativa y la licencia social que se perdió con el derrame. Esa fuga le quitó credibilidad, ya que junto a Barrick Gold, el Ejecutivo salió a desmentir la fuga de cianuro que finalmente se comprobó. Incluso luego trascendió que hubo otros tres accidentes que nunca fueron informados a la población y que la minera habría manipulado los cálculos del volumen vertido al río Potrerillos, que superaría ampliamente el millón de litros reconocido. Frente a ello, el gobernador Sergio Uñac diseña un plan de obras públicas en Jáchal, la ciudad supuestamente enriquecida a costa de Veladero, pero que ni siquiera tiene un asfalto decente en su calle principal.

Esas obras se harían con un parte de la multa de 145 millones de pesos que Barrick Gold deberá pagar por el derrame. La empresa no apeló esa decisión para enviar un mensaje y no quedar como la mala de la película. Sus medios adictos salieron a anunciarlo con bombos y platillos como la mayor sanción ambiental de la historia argentina. Pero el abogado Enrique Viale, que asesora a los asambleístas, matizó la espectacularidad. ”La multa equivale a sólo 7 días del oro que Barrick Gold saquea de San Juan”, advirtió.

Una ley que no se cumple

Hay otro frente abierto para la continuidad de Veladero, pero que depende de la voluntad política: la ley de glaciares, que prohíbe la actividad minera en zonas glaciares y periglaciales. Según reconoció la propia Barrick Gold en su Informe de Impacto Ambiental, Veladero está en un ambiente prohibido. Por ende, si la norma se aplica, el yacimiento debería cerrar.

En su reciente visita a Jáchal, el ministro Bergman se comprometió a hacer cumplir la ley de glaciares, de la que él es la autoridad de aplicación. La norma fue frenada de hecho por el Gobierno de Cristina Kirchner, que nunca avanzó en el trazado del inventario nacional de glaciares y ambientes periglaciales que tiene que realizar el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), pese a que la norma exige que en las zonas en las que haya proyectos mineros ese mapa debe confeccionarse de ”manera inmediata”. Ahora Bergman dice que destinó 2,5 millones de pesos a esa tarea, pero hasta donde pudo averiguar Infobae, no se sabe cuándo habrá un dictamen definitivo.

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Cuando el Frente para la Victoria aprobó la ley de glaciares, no había conciencia de que lo que se estaba votando era un duro revés para los intereses mineros de San Juan. Tal es así, que hubo una serie de escenas tras bambalinas que revelaron el last minute lobby de César Gioja, hermano del gobernador, que no pudo frenar la norma, pero sí lograr un veto posterior. En el medio, el ex diputado Miguel Bonasso lo denunció por tener negocios incompatibles con la función pública, ya que su empresa Bentonitas Santa Gema era proveedora de Barrick Gold. Tal es así, que votó en contra de la ley que apoyó todo su bloque. Sin embargo, pese al veto, el kirchnerismo finalmente tuvo que ceder para no quedar expuesto y la ley de glaciares llegó al Boletín Oficial. Sólo que en San Juan la Corte de Justicia tardó apenas 20 horas en frenar la aplicación de la norma en todo el territorio de la provincia. En su momento, el fiscal De Santis dictaminó a favor de Barrick Gold.

En la asamblea de vecinos de Jáchal todavía recuerdan los días en los que Barrick Gold buscaba licencia social, cuando les prometieron el cielo en la tierra. Pero miran con recelo la situación en la que viven alrededor de Bajo La Alumbrera, en Catamarca, donde la otrora mina más grande del país está llegando a su fin y lo único que dejó es pobreza, contaminación y enfermedades. El sueño minero en Argentina es, por ahora, sólo un sueño. Y el cierre de Veladero, un escenario poco probable pero posible, para el que el Gobierno de Uñac y Barrick Gold ya se están preparando.

Fuente: InfoBae

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