DUROS TESTIMONIOS recogidos por la Comisión argentina solidaria en Bolivia

«Este gobierno ha desatado un odio racial enorme. Abrieron la caja de pandora y salieron mil demonios que se están expresando en situaciones de profunda violencia», dice el jurista Luis Arias, uno de los integrantes de la comitiva argentina que viajó a Bolivia.

El jueves, un grupo de cuarenta dirigentes sociales y de derechos humanos arribó al país vecino con el objetivo de elaborar un registro de las muertes y abusos sufridos por la población desde que se consumó el golpe de Estado contra Evo Morales. Desapariciones, asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones, torturas y hospitales que se rehusan a atender a los heridos de la represión fueron algunos de los hechos registrados durante la primera jornada de trabajo. Fueron retenidos y patoteados en el aeropuerto. Luego el ministro de Gobierno la autoproclamada presidente boliviana Añez, Arturo Murillo, salió a amenazarlos públicamente: «Anden con cuidado, los estamos vigilando».

Desde el momento que pisó el suelo boliviano, la comitiva -compuesta por Juan Grabois (CTEP), el abogado Roberto Carlés, Pablo Pimentel y Mauricio Rojas (APDH), Victoria Freire (Observatorio de Género y Políticas Públicas de la Ciudad), Daniel Catalano (ATE), Marianela Navarro (FOL), Sergio Smietniansky (CADEP), Pablo Graciarena, abogado mendocino de Xumec, entre muchos otros y otras – debió enfrentarse a los ataques, amenazas y recelos del gobierno de facto de Jeanine Añez.

El jueves a la noche, los integrantes de la delegación arribaron al aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, para hacer combinación con otro avión a La Paz. Al llegar, la policía boliviana los retuvo, los separó del resto de los viajantes e identificó, por nombre y apellido, a 12 de los integrantes de la comitiva y los llevó a otra habitación para hacerles unas preguntas. «Nos estaban esperando», aseguró Carles y agregó: «Seleccionaron a las personas cuyos nombres habían aparecido en la prensa y los sometieron a un interrogatorio». «Nos empezaron a preguntar por nuestro recorrido en el país, a dónde ibamos a ir y a quién ibamos a visitar. Nos trataron con mucha hostilidad y después de unas horas nos dejaron ir», detalló Arias, que se encontraba en este grupo.

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De camino a la zona de embarque, fueron interrumpidos por una patota de diez personas vestidas de civil. «No sabíamos si eran fuerzas de choque o gente vinculada a Luis Fernando Camacho. Nos empezaron a insultar, a amenazar, a preguntarnos qué hacíamos en Bolivia. Nos llamaban ‘gauchos comunistas’ y ‘homosexuales’. Hacían referencia a los cartoneros, estaba claro que querían hacernos saber que sabían quiénes eramos y provocarnos para que reaccionásemos. El lugar estaba desierto: habían liberado la zona», narró Carlés. En un momento, empezaron a empujarlos y golpearlos, y el Secretario General de ATE, Daniel Catalano, ligó una patada. «Por los borcegos que usaron suponemos que eran fuerzas policiales de civil. Mientras tanto, la policía uniformada estaba al lado presenciando todo el hostigamiento y no hacía nada», precisó Catalano.

Tras este recibimiento, desde el gobierno de facto hubo otro hecho preocupante: «Anden con cuidado, los estamos vigilando», les dijo el ministro de Gobierno a través de declaraciones a la prensa, calificándolos como «esos extranjeros que están llegando para tratar de incendiar el país». “El primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición se la van a ver con la policía», amenazó. Luego de estas declaraciones, algunos de los integrantes de la comitiva visitaron la embajada argentina en Bolivia para pedir protección; les concedieron unos autos para trasladarse. «Estamos completamente vigilados todo el tiempo», aseguró Carlés.

A pesar de estos inconvenientes, la delegación continuó con la agenda y pasó el día entero en El Alto recopilando testimonios de familiares de víctimas que sufrieron en carne propia las violencias ejercidas por las fuerzas de seguridad. «Las historias son aterradoras», contó Arias.

Existen denuncias de desapariciones, detenciones arbitrarias – entre las que se encuentra el caso de tres jóvenes con síndrome Down, torturas a niños y niñas, asesinatos como producto del accionar represivo de las fuerzas policiales, heridos por bala de plomo, incendios, ente otros.

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Gran parte del relevamiento se realizó en la Iglesia San Francisco de Asís, lugar donde habían sido velados los muertos producidos por la represión en Senkata. «La situación es muy terrible, las familias denuncian no ser atendidas en los hospitales. Muchos de los heridos están en las casas porque cuando asisten a los hospitales les arman causas por terrorismo y sedición», indicó Marianela Navarro, delegada del Frente Organizaciones en Lucha.

Según la comisión, no son sólo las fuerzas de seguridad quienes están atacando a la población, sino que hay numerosas instituciones que también están reproduciendo el odio racista que atraviesa la violencia del gobierno de facto. «Los hospitales públicos no quieren atender a los heridos y la defensorías oficiales no quieren defender a las víctimas. Existe un profundo odio racial que se dirige especialmente contra los sectores más vulnerables y las mujeres», precisó Arias.

La comisión identifió, además, que existe un profundo ensañamiento contra las «mujeres de pollera». Se han registrado numerosos casos de violaciones y agresiones sexuales contra mujeres y niñas indígenas, atacadas en vida y luego de su muerte. A su vez, han existido denuncias que aseguran haber visto cuerpos mutilados y desmembrados.

«La gente está muy necesitada de que la escuchen, de que el mundo sepa la verdad de lo que está sucediendo, porque acá hay un enorme silenciamiento», dijo Arias, haciendo referencia al silencio de los medios de comunicación bolivianos, que cumplieron un rol importante en la legitimación del gobierno de facto. «Nos piden ayuda, nos piden justicia. Lo que ellos han sufrido ha sido prácticamente ignorado por la comunidad internacional. Y se sienten solos», finalizó Carlés.

informe diario Página/12

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