Se busca que Mendoza adhiera a la Ley Nacional de ART, la cual apunta a bajar los índices de litigiosidad laboral. Córdoba y Capital Federal ya han adherido a esta ley.

Es por este motivo que Ignacio Subizar, subgerente de Control de Entidades de la Supeintendencia de Riesgo de Trabajo, se encuentra en Mendoza debatiendo la aplicación de la nueva alternativa. Subizar afirmó a los medios que la ley en vigencia se hizo para combatir la industria del juicio:

“Los números de siniestralidad y de fallecimiento en ocasión de prestación laboral vienen bajando a lo largo de los años y lo que notamos es que desde hace 8 años se empezaron a disparar los juicios. O sea, mientras las causas de siniestralidad y de fallecimiento laborales bajan, sube la litigiosidad. Para poder trabajar esa cuestión lo que se ha sacado es esta norma que establece una serie de condiciones propicias para frenar la litigiosidad de espuria, o sea esa que no refleja la realidad del sistema”.
Además, el funcionario recalcó que los trabajadores están totalmente protegidos con la aplicación de esta normativa: “Es una norma que genera beneficios para todos los integrantes del sistema, para el trabajador sin ninguna duda. Sus indemnizaciones son aproximadamente un 20% superior, se trabaja sobre salario total y no sobre sujeto aportes, hay intereses hasta el momento del cobro. Por lo tanto, a quienes dicen que esta ley no beneficia a los trabajadores eso es un error, las indemnizaciones son superiores”.

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“También es una norma que beneficia a los empleadores. Nosotros vemos lo que son las alícuotas que pagan los empleadores de riesgos de trabajo antes de que se dispararan los juicios y después de que se dispararan. En este sentido vemos que hay un incremento de aproximadamente el 25% de las alícuotas, así que uno debería pensar que en la medida en que esta norma genere el efecto deseado las alícuotas deberían bajar en un 25% aproximadamente”, señaló Subizar.

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Todo esto destacó que genera un beneficio “claro” para el Estado, porque cada juicio que entra y del cual tiene que ocuparse el Estado para generar las condiciones de manera que se pueda dar, termina siendo un extracosto. De esta manera, señaló que esos fondos que podrían aplicarse a cosas útiles y necesarias “se terminan aplicando al negocio de algunos, porque la verdad que buena parte de esa judicialidad es de espurio”.

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