Ley Justina: toda persona mayor a 18 años será donante

Esta nueva ley incorpora cambios que modernizan el sistema desde la procuración de órganos y tejidos.

La Cámara de Diputados aprobó la denominada “Ley Justina”, que a fines de ya había sido sancionada en el Senado. Se trata de una reforma de la ley de trasplante de órganos que consiste en que todas las personas mayores de edad sean donantes, excepto que expresen los contrario.

La iniciativa fue impulsada en la Cámara Alta por Juan Carlos Marino, de la Unión Cívica Radical. En la Cámara Baja no obtuvo ninguna modificación, y por eso hoy se convirtió en ley.

Entre otros puntos, la ley prevé la donación cruzada (entre dos parejas de donante/receptor no relacionadas, pero compatibles), para los trasplantes de riñón sin intervención judicial y obliga a los profesionales a notificar al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) la indicación de diálisis o trasplante renal.

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Además, promueve la incorporación en los centros de salud de profesionales entrenados en la promoción de la donación y la detección de potenciales donantes.

Cabe destacar que un capítulo de la ley está dedicado a los medios de comunicación. En tres de sus artículos se prohíbe “la publicidad de pedidos de órganos, tejidos y células para personas determinadas, como así también la publicidad engañosa sobre tratamientos terapéuticos que no cuenten con evidencia científica”.

Sin embargo, hay una excepción para aquellos casos donde la persona que necesite el trasplante o su familia, se manifieste de manera libre y voluntaria.

El punto más importante de la ley establece que toda persona mayor de 18 años es donante presunto, a excepción que manifieste su voluntad de no hacerlo.

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“La ablación de órganos y/o tejidos puede realizarse sobre toda persona capaz mayor de 18 años que no haya dejado constancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracción de sus órganos o tejidos”, establece.

Respecto a los menos de 18 años, si se necesitará la autorización de ambos padres, o de quien esté presente como representante legal para proceder con la donación.

La ley establece que “la oposición de uno de los padres elimina la posibilidad de llevar adelante” el procedimiento. Si no estuviera disponible ninguno de esos adultos, se procederá a notificar al Ministerio Pupilar “para autorizar la ablación”.

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