La protección de los derechos de incidencia colectiva y el cuidado del medio ambiente son dos de las áreas que el nuevo fiscal de Estado, Fernando Simón, ve débiles y promete fortalecer. Así, además de haberle pedido al director de Asuntos Ambientales de la Fiscalía, Amílcar Moyano, que se quede en su puesto, sumará otros especialistas para intentar acelerar la resolución de las causas. Hay reclamos millonarios en la provincia pero también en Nación.

Estos derechos (de incidencia colectiva) están protegidos en el artículo 43 de la Constitución Nacional –incorporado en la reforma constitucional de 1994– y establecen que el afectado, ciertas clases de asociaciones y el Defensor del Pueblo se encuentran legitimados para interponer una acción de amparo contra “cualquier forma de discriminación, y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general”. La incidencia colectiva marca derechos de un grupo determinado de personas, y es en este punto en el que el Fiscal de Estado ve la debilidad.

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Otro de los puntos que preocupa es la protección del ambiente. En esta dirección hay reclamos por el agua, pasivos ambientales dejados por las empresas de servicios públicos, reclamos por los daños ocasionados a través de la extracción petrolera, entre otras demandas. Pero además, se sabe que si el próximo gobernador acepta la implementación de proyectos mineros en la provincia, ese organismo podría recibir una catarata de reclamos que sería difícil de abordar.
Simón sostiene que intentará sumar a los mejores profesionales porque hay causas que dependen de una excelente defensa. Con respecto al debate minero, asegura que la decisión política será del gobernador y que él se limitará a que tanto la provincia como las empresas cumplan con la legislación vigente.

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“Los derechos ambientales no son algo que tenga demasiada historia, por eso hay que fortalecer la fiscalía y adaptarla a las demandas del siglo XXI”, marca.

Otras reformas

Además, Simón considera que es urgente que la provincia cuente con una ley de Ética Pública. “El sistema de declaraciones juradas es obsoleto y la ciudadanía está demandando más transparencia en las gestiones de gobierno y en el gasto de los funcionarios”, argumenta. Si bien la ley deberá salir del Ejecutivo, Simón asegura que tendrá un rol clave en la elaboración.

Otro de los temas que preocupa es el cepo en el acceso a la información. Dice que quiere una fiscalía abierta a todos los ciudadanos y también promete un portal con la información de los expedientes que se muevan en ese lugar. Por último, recuerda que existen leyes que protegen el acceso a la información, en su mayoría nacionales, y que los ciudadanos deben hacerlas cumplir. La Fiscalía de Estado tiene hoy 120 empleados y, según Simón, se trasladará a algún edificio que esté fuera del cuerpo de Casa de Gobierno, aunque no da precisiones sobre las posibilidades que evalúa.

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Este lunes jurará en su cargo en el cuarto piso de Casa de Gobierno y si bien la constitución establece que, al igual que los jueces, sólo pueden ser removidos por un jury de enjuiciamiento, Simón dice que no se imagina jubilarse en ese organismo.

Fuente: Edición UNCuyo

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