Los abogados de los denunciantes y de la Red de sobrevivientes de abusos hicieron la presentación. Consideran que “mienten” y “encubren”.

Abogados querellantes de la causa penal que investiga la posible comisión de abusos sexuales a chicos sordos en el instituto Antonio Próvolo (Carrodilla) y el abogado de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos en Mendoza presentaron en las últimas horas una denuncia contra los investigadores del Vaticano que estuvieron en Mendoza el año pasado.

La denuncia es por falta de colaboración en la causa, ya que los letrados consideran que los religiosos contaban con información clave para la causa -según ellos mismos manifestaron en una audiencia con el Ministerio Público Fiscal- y no la aportaron oportunamente. Incluso, el fiscal Flavio D’Amore (subrogando al fiscal de la causa, Gustavo Stroppiana en primera instancia) y el propio Stroppiana instaron a los sacerdotes a que faciliten esa información a la instrucción. Pero no lo hicieron.

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Los curas Dante Simón y Juan Martínez fueron designados por el mismísimo Papa Francisco para iniciar la investigación sobre el accionar de los dos curas imputados y detenidos por los episodios (Nicola Corradi y Horacio Corbacho) a mediados del año pasado. Y, en su función, recabaron sus pruebas, se entrevistaron con los dos sacerdotes y hasta -según manifestaron en declaraciones a los medios en una de sus visitas a Mendoza- se entrevistaron con una persona a quien identificaron como una de las presuntas vítctimas.

“Se ha incurrido en una desobediencia al requerimiento y se le ha mentido al Ministerio Público Fiscal con intenciones de encubrir. Es obligación de la Santa Sede informar sobre estos episodios y asegurar el intercambio de información”, destacaron los abogados Sergio Salinas, Juan Dantiacq, Lucas Lecour y Carlos Lombardi. Incluso, citaron el caso local de Juan González (el Arzobispado de Mendoza fue condenado por la Corte por no dar información sobre un episodio de abuso) como jurisprudencia y como una excepción al Concordato suscripto entre el Vaticano y el Estado Argentino (los sacerdotes se excusaron en este instrumento para no aportar datos de su investigación a la Justicia penal).

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Investigación eclesiástica

Sobre Simón y Martínez recayó la primera etapa de la investigación eclesiástica que transcurre en paralelo a la causa penal y que busca determinar la participación y responsabilidad de Corradi y Corbacho en los supuestos hechos. Incluso, si con el avance de la investigación se determina que las pruebas son comprometedoras para los curas, estos podrían a la larga ser juzgados por la Santa Sede y hasta podrían ser excomulgados (independientemente de resultado del proceso penal).

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Entre las primeras medidas adoptadas por el Vaticano luego de la primera información derivada por los investigadores eclesiásticos sobresalió la decisión de intervenir la orden religiosa Compañía de María para la Educación de Sordomudos -de la que dependen los institutos Próvolo- por detectar numerosas irregularidades; y por la inacción ante las denuncias por supuestos abusos.

Fue la Santa Sede quien nombró como comisario interventor al obispo Alberto Bochatey a raíz de la investigación.

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