Una modalidad de estafa en la que estudios jurídicos llaman a personas y las amenazan con embargos o intimaciones para intentar cobrar deudas inexistentes o ya prescriptas se viene reiterando en forma alarmante. Esta práctica está prohibida por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, pero cientos de casos de este estilo fueron denunciados ante organismos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires en los últimos tiempos.

Especialistas alertan que los reclamos son principalmente por presuntas deudas de servicios de telefonía celular, cable, compra de electrodomésticos o tarjetas bancarias, según publicó Diario Popular.

“Hay bastantes reclamos por estas prácticas, que son contrarias a la ley de Defensa del Consumidor. En general son deudas prescriptas, que tienen más de 8 años y la gente no está obligada a pagar”, explicó Gerardo Guglielmotti, director del área de Derechos del Consumidor de la Defensoría del Pueblo porteña.

El experto señaló que la mayor cantidad de reclamos se da por deudas con “Telecom, Personal, Columbia y Garbarino” y precisó que “los montos varían: pueden ser más elevados cuando hay préstamos o electrodomésticos en cuestión, o más bajos en servicios menores, aunque en esos casos también va subiendo con los intereses”.

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Sobre el modus operandi de los estudios, Guglielmotti detalló: “Compran deudas viejas y después cobran un monto bajo amenazas de embargo, aprovechando el miedo de la gente a estas prácticas hiper intimidatorias, que pueden incluir que te digan que entrás al Veraz o que te manden un símil carta documento. O que te vuelven a informar al Veraz, que es una mentira”.

“Estos estudios se caracterizan por la coacción y se aprovechan sobre todo de la gente grande. Hasta llaman a familiares o vecinos, haciéndote quedar como moroso”, advirtió.

Por su parte, el titular de Consumidores Responsables y encargado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Henry Stegmayer, reconoció que “hicimos muchas gestiones para ayudar a vecinos con el reclamo de cobro de deudas prescriptas”.

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“En los llamados, te reconocían que la deuda estaba prescripta, pero argumentaban que se puede seguir reclamando. Hasta te mandan cartas documento haciéndose pasar por el Veraz”, relató.

Stegmayer agregó que también ocurre con tarjetas de crédito: “Muchas veces la persona dio de baja la tarjeta y le quedaron 90 pesos o centavos por gastos administrativos. Eso queda dando vuelta y al tiempo se transforma en 2 mil pesos y aparece un estudio jurídico que te reclama deuda”.

“También pasa con gastos de renovación de tarjeta. O con gente que se pasó de compañía de teléfono de celular y les exigen pagar una deuda por no cumplir los 24 meses de un contrato que nunca le informaron”, resaltó.

Mencionó que “hay una violación de los derechos, porque quizás el banco no le explicó que quedaba un ‘pucho’ y la persona no pidió un libre deuda”. “La ley 24.240 plantea multas y sanciones. Si un organismo le da la razón al consumidor, éste puede pedir un resarcimiento a la Justicia. El tema es que la mayoría quiere sacarse el lío de encima y nadie reclama”, dijo.

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Asimismo, recomendó a los damnificados por estas situaciones “acercarse a la oficina de Defensa del Consumidor o llamar para preguntar qué deuda están reclamando, que se informen y asesoren”.

Por su parte, Guglielmotti, no dudó en señalar que el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, “recomienda que no se pague inmediatamente, por más amenaza que haya”, para luego agregar: “Un embargo no se hace en cinco minutos, necesita de la decisión de un juez”.

“Si no recuerda la deuda, la persona tiene que pedir al estudio la información referida: contrato, deuda y motivo de la misma. Con eso, lo acerca a la Defensoría para revisarlo y se le arma un texto para que los estudios vean que tienen asesoramiento. Te pueden seguir llamando después de eso, pero no hay que pagar”, insistió.

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