El juez de instrucción Luis Zelaya determinó que las denuncias del gremio de taxitas contra 33 conductores de Uber por los delitos de “entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita” no proceden por ser delitos inexistentes y que solamente se trata de un intento de resolver “un entuerto netamente comercial” por la vía penal.
El juez Zelaya determinó que el servicio de Uber es una “actividad comercial lícita” y que el proceso legal se trata más de “la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial”.
Zelaya elaboró que Uber podría presentar fallas administrativas o de tránsito pero no por ello son delitos. Argumentó también que no se trata de un entorpecimiento al transporte, sino una suma a la oferta del mismo y además es una asociación legítima:
No se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual de pasajeros ni cualquier otro.
El fallo del juez será apelado por los abogados que representan al gremio taxista y el tema pasará a otra etapa del proceso en la sala V de la Cámara del Crimen argentina.
Uber en un limbo legal
Recordemos que Uber entró a Buenos Aires el 12 abril sin los permisos que contempla la Ley 3622 del Código de Tránsito y Transporte. Ese mismo día, el gobierno pidió el cese de operaciones a la empresa. En medio de las protestas de los taxistas, Uber continuó operando, incluso cuando en septiembre las autoridades allanaron las oficinas de la trasnacional.
En un principio el gremio taxista, conformado por 38.000 profesionales, tenían el apoyo del gobierno y la ley. En su momento, el presidente Mauricio Macri hizo una declaración tácita de simpatías al decir que los taxis eran un símbolo nacional.
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