Provocó una división irreparable entre Argentina e Irán, condujo a un juicio en el que se acusa a un expresidente de haber orquestado un encubrimiento y, por si fuera poco, un fiscal que trabajaba en el caso murió el año pasado en circunstancias sospechosas.

Pero ahora el nuevo gobierno de Argentina se ha comprometido a llegar al fondo de este caso, que costó al país unos 3,5 millones de dólares tan solo el año pasado y pareció cobrar vida propia al devorar a cuantos se aproximaron a él.

El Presidente Mauricio Macri, que asumió el cargo en diciembre, reestructuró el departamento encargado de la investigación y prometió presentar cambios en la legislación que permitan someter a juicio en ausencia a algunos sospechosos.

El presidente quiere “reestablecer el compromiso del Estado argentino” de esclarecer el atentado, declaró Mario Cimadevilla, el funcionario designado para dirigir la unidad de investigación.

Cimadevilla cuenta con nuevas facultades, como la capacidad de proponer legislación y proporcionar información a los investigadores que trabajan en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien supervisaba el caso, y que podría revelar algo acerca del atentado. En 2006 Nisman acusó al gobierno de Irán de ser responsable del atentado.

La primera tarea de Cimadevilla fue preparar un proyecto de ley para que sea posible juzgar a algunos acusados en ausencia; el gobierno espera presentarlo ante el Congreso en marzo. De ser aprobado, permitirá que se juzgue en tribunales argentinos a sospechosos que se encuentran en el extranjero y se rehúsan a cooperar con la investigación del atentado.

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“No queremos que se detengan los juicios debido a la ausencia del acusado”, señaló Cimadevilla. “Así se niega la justicia”.

Los opositores de Macri lo han acusado de intentar ganar puntos políticos con acciones para cerrar el caso tras la rápida condena de ocho exfuncionarios de Irán que Nisman sospechaba habían planeado el ataque.

Sergio Burstein, esposo de una de las víctimas del atentado, opinó que el gobierno actuaba con premura al elaborar el proyecto de ley, pues los fiscales que sustituyeron a Nisman están lejos de concluir la investigación y todavía intentan rescatar evidencia del juicio en el que estuvo involucrado el expresidente Carlos Saúl Menem. Menem está acusado de conspirar para encubrir una posible conexión siria con el atentado.

Alejandro Rúa, abogado de Memoria Activa, un grupo de familiares de las víctimas, enfatizó que la administración de Macri quiere un veredicto. “Nosotros no queremos un dictamen”, afirmó Rúa. “Queremos la verdad y para llegar a la verdad, es necesario investigar”.

Otros piensan que las acciones de Macri están diseñadas para quedar bien con líderes judíos con quienes se cree que su partido tiene vínculos estrechos.

La principal organización judía general del país, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (conocida por las siglas DAIA), apoya la idea del juicio en ausencia. El organismo presentó un proyecto similar en 2014, y de acuerdo con Cimadevilla la propuesta del gobierno tendría como base ese documento.

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“Debe cerrarse el caso; de lo contrario, las víctimas nunca van a descansar en paz”, expresó hace poco en una plaza del país el presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, durante una ceremonia para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Nisman.

Macri no tiene mayoría en el Congreso, por lo que tendrá que negociar con legisladores de otros bloques para que se apruebe la legislación. Podría obtener cierto apoyo de otros partidos, pero no se sabe a ciencia cierta cuánto capital político estará dispuesto a invertir en el proyecto, puesto que también intenta que se aprueben otras medidas importantes, subrayó Juan Cruz Díaz, consejero de Cefeidas Group, un despacho de análisis de riesgo político.

Nisman, el fiscal principal para la investigación desde 2005 hasta su misteriosa muerte hace un año como resultado de un disparo a la cabeza, acusó a exfuncionarios iraníes de haber autorizado el bombardeo del centro judío, y a Hezbolá, el movimiento chiita libanés, de haberlo llevado a cabo.

Aunque se aprobara una legislación que permitiera celebrar juicios en ausencia, algunos expertos opinan que podría enfrentar problemas ante los tribunales. Los juicios en ausencia no se abordan explícitamente en la Constitución argentina, pero podrían contravenir a sus disposiciones en materia de debido proceso, de acuerdo con Raúl Gustavo Ferreyra, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires.

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Sin embargo, cuando el panel de dos jueces desechó un pacto con Irán para cooperar con la investigación, uno de ellos subrayó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó en una ocasión la extradición de un acusado de Costa Rica después de que, en Francia, se le hubiera condenado en ausencia. Además, se le concedió el derecho de apelar y de ser enjuiciado de nuevo. La Constitución argentina permite incorporar este tipo de precedentes internacionales.

“Si se garantiza que puede existir una revisión total del fallo, tendría validez constitucional”, concluyó Francisco Castex, profesor de derecho penal en el país.

Incluso si en algún momento proceden los juicios, algunos expertos enfatizan que es improbable que Irán entregue a sus ciudadanos si resultan condenados en el caso.

El especialista argentino en ciencia política Carlos Escudé, que ha escrito acerca de la investigación sobre el atentado, consideró que el proyecto para establecer los juicios en ausencia “es intrascendente”.

“Es como si el gobierno dijera: ‘el show debe continuar’, pero los iraníes jamás se entregarán”, sentenció.

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