Deberán consultar a los detenidos por su género autopercibido y actuar respetando sus derechos a la intimidad. La resolución abarca el accionar de Policía Federal y Gendarmería.

Las fuerzas de seguridad nacionales deberán ajustarse a un estricto protocolo cada vez que detengan o registren a una persona perteneciente al colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans). Además del trato respetuoso que se le debe a cualquier ser humano, los agentes deberán tomar recaudos de acuerdo al género autopercibido, sobre todo en lo referente a su traslado, hospedaje y medidas sanitarias.

El protocolo fue diseñado por el equipo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para evitar atropellos y sus correspondientes denuncias de parte de los organismos de defensa de los derechos humanos. Acompaña a idénticas normativas tomadas hacia adentro de las fuerzas, en las que ya existe un reglamento similar para los agentes de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía Aeroportuaria y Prefectura Naval.

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De acuerdo a la normativa vigente, la identidad de género consiste en “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Por este motivo es que los agentes deberán consultar primero a detenidos o requisados, cuál es su género auto percibido, para no comprometer el ejercicio de sus derechos personalísimos que afectan a su honor, intimidad, identidad e imagen.

La normativa establece que el personal de seguridad debe “consultar a la persona a requisar cuál es su autopercepción de género” de manera que coincida el género del policía que encabeza el procedimiento “a fin de garantizar su dignidad y preservar su intimidad”. La pregunta sobre la autopercepción debe realizarse con “tono calmo y voz clara”, advierte la norma. Además “se procurará contar con testigos de idéntico género de aquel optado por el requisado, a fin de no menoscabar su derecho a la intimidad”.

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A partir de ese momento, la ejecución de la medida, ya sea un registro (cacheo) o detención, deberá ser realizada por personal femenino. Asimismo, las agentes deberán actuar de conformidad con el “modelo de uso racional de la fuerza”, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción. Por tanto, “queda totalmente prohibido todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido”, establece la resolución.

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No obstante, “no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de acciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”, aclara el decreto firmado por Bullrich, para evitar que se deslegitime el accionar policial.

Una vez detenida, la persona deberá ser alojada según el género autopercibido en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad u otros derechos. Se tomará como referencia esta preocupación siempre y cuando al momento de informar su género, no se identifica con ninguno del binomio masculino/femenino. De similar modo se actuará en el caso de que necesiten utilizar los baños diferenciados por sexo de cada dependencias.

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