Tras las últimas informaciones difundidas por Diario Somos sobre el presunto enriquecimiento del actual intendente Marcelino Iglesias, las repercusiones no tardaron en llegar y algunos bloques del Concejo Deliberante ya evalúan denunciar la situación legal y patrimonial del Ejecutivo. A esto se suman otras numerosas denuncias efectuadas ante irregularidades en la gestión como pedidos de informes sin respuestas tanto de las autoridades como de los organismos “de control” de la administración pública.

Los indicios del enriquecimiento “lícito” o “ilícito” por parte del actual intendente, como de sus socios, son el contraste más crudo del radical ajuste que aplican sobre algunos sectores del Estado y el derroche de millones de pesos en la obra pública. Así lo describen la mayoría de los concejales de la oposición en Guaymallén, quienes salieron a hablar sobre la tensa situación que atraviesa la gestión en el municipio.

Si algo queda en claro por estos días, es que el voto hoy otorga poder, pero más que el poder de gobernar, otorga otro mucho más valioso, el de la inmunidad judicial. A la fecha hay innumerables pedidos de informes y denuncias por irregularidades en Guaymallén que descansan archivadas en los organismos “de control” de la administración pública. El poder de disponer y deshacer, de “dejar pasar”, de archivar y de hacer la vista gorda, un mal de todos los tiempos políticos.

La Municipalidad de Guaymallén se ha convertido quizá por estos días en el cuadro más crudo de lo que Alfredo Cornejo no quiere ver en su gestión. Aunque en la línea política de gobernar sin conciliar o escuchar, con cierto “autoritarismo” como dicen algunos, es un modo de gestión que compartirían tanto Alfredo Cornejo como Marcelino Iglesias.

Pasamos a detallar algunos de los más de 30 pedidos de informes efectuados solo por el bloque del PJ-FpV, así como denuncias que lleva adelante la oposición en el municipio, cuestionamientos que se realizan desde todos los sectores. Algunos de los pedidos llevan más de dos años sin ser respondidos por parte de las autoridades y de los organismos de control.

Tanto desde el bloque del PJ-FpV, como de la izquierda y desde el Partido Intransigente que se sumó este año al Concejo Deliberante de Guaymallén, dan cuenta un escenario en el que los concejales prácticamente no tienen voz ni voto, ni frente a las autoridades, ni frente a organismos de control como Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas. Si en algo coinciden todos en sus declaraciones a Diario Somos, es que el municipio continúa siendo castigado por la corrupción, con contrataciones dirigidas, funcionarios y empresas beneficiadas.

Obras que duplican su valor y ampliaciones millonarias

El concejal justicialista, Luis Francisco, dialogó con Diario Somos tras el anticipo de nuestro medio sobre diversas irregularidades en la obra pública como sobre el llamativo enriquecimiento tanto del Ejecutivo como del ex intendente Juan Manuel García.  “La gestión de Marcelino Iglesias, escudado en Luis Lobos, es muy poco transparente y muy poco eficiente. Nosotros hemos hecho con motivo de estas conductas, varias denuncias y presentaciones en Fiscalía de Estado y también en Tribunal de Cuentas”, comenzó diciendo Francisco.

“A este Concejo Deliberante permanentemente vienen legítimos abonos de obras que nunca se hacen en tiempo y forma, y que siempre significan mayores costos porque se le reconocen mayores costos a las empresas. En lugar de multarlas porque no terminaron en tiempo las obras, se les hace legítimo abono, es decir se les prorroga la terminación de la obra y se le paga mayores costos permanentemente”, describió Francisco.

Por otro lado, destaca que “todos esos legítimos abonos nunca han venido conformados administrativamente de la forma que debían ser para poder ser contemplados y pagados”. Diario Somos anticipó esta logística en casos concretos. “Nosotros hicimos esta presentación tanto en Fiscalía de Estado y también en el Tribunal de Cuentas, pero todavía no hemos recibido ninguna respuesta”, declaró.

Francisco señaló como ejemplo el caso de la obra en calle Azcuénaga que estaba presupuestada en $9 millones y terminó costando $17 millones. Se trata de la construcción de la calzada y obras de urbanización e infraestructura urbana de la mencionada calle, adjudicada a la empresa Brizuela y Villafañe SRL. “Nosotros hicimos una presentación tanto en Fiscalía de Estado como en Tribunal de Cuentas. Todavía no hemos recibido ninguna”, explicó. El expediente en Tribunal de Cuentas es el N° 7308.

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Por otro lado, también denunciaron irregularidades en Fiscalía de Estado por las obras en el Carril Godoy Cruz. “No se dio cumplimiento a la Ley 5.961, porque no se hizo ni siquiera audiencia pública. Es una obra que se ha prolongado notoriamente en el tiempo cuando no debería haber sido así, como también en sus costos finales que cuando nos manden en el expediente que iniciamos, los vamos a poder medir. Porque hasta ahora no lo mandan”, contó.

A este ejemplo se suman numerosas irregularidades por sobreprecios en la “ampliación” de obras. Un caso que difundió nuestro medio es el de la firma Kraft Constructora SRL, una empresa que ha obtenido diversas adjudicaciones en Guaymallén. En una obra prevista por cinco meses de ejecución, el mismo municipio autorizo una ampliación de más de 2 millones del presupuesto inicial. La licitación (1312/2016) de la que se habla, cuyo decreto de adjudicación 1689/2016 tiene fecha el 9 de junio del 2016 en el departamento, se otorgó a la empresa Kraft con el objeto declarado de “repavimentación concreto asfáltico en calles varias de Guaymallén”.

Francisco también hace referencia al más emblemático caso de presunta corrupción con la concesión a la empresa Santa Elena de la recolección, limpieza y barrido de tres sectores del departamento. “Nosotros hicimos la presentación y la denuncia pero todavía Fiscalía de Estado no nos ha respondido, a más de dos años de haberla hecho”, detalló.

En este caso, hablamos de una licitación de 180 millones de pesos con condiciones irrisorias. “El costo que a nosotros ese contrato nos significa para el municipio, es tres veces más de que si nosotros hiciéramos ese servicio por administración. Todo esto nosotros lo hemos denunciado”, manifestó.

El municipio de Guaymallén también fue denunciado por contratar casi 500 nuevos empleados de forma indirecta; es decir, a través de la tercerización de servicios. Con esto se cuestionaba el contrato de Santa Elena, ya que el aumento correspondía a la planta de personal de la Municipalidad en áreas de recolección de residuos domiciliarios, levantamiento de verdes y escombros, y limpieza de acequias y barrido de calles. Esta información parte de un informe pedido por el justicialismo al Ejecutivo. El mismo proviene de la compañía de seguros “Mapfre Argentina”, que certificaba la afectación de 491 personas a nombre de la firma “Bodegas y Viñedos Santa Elena”.

En este sentido, Francisco aseveró que los empleados contratados de manera tercerizada por el municipio mediante la empresa Santa Elena, “están todos sindicalizados con camioneros, o sea que cobran tres veces más de básico y de bolsillo que un empleado municipal”. “Según la anterior escala estaban cobrando entre 20 y 23 mil pesos. Dentro del costo total de lo que se le paga a Santa Elena, en un cuadro que está en la licitación de actualización, el municipio paga eso. Mucho más de lo que cobra un empleado para esa tarea de barrido en la Municipalidad en la categoría A”, aseguró. “Todo eso es un costo que lo pagamos en el departamento”, agregó.

Empleados que ganan $7.200 y concejales que ganan más de $80 mil

Respecto a los sueldos, los empleados municipales vienen pidiendo una recomposición salarial desde hace tiempo. “El sueldo básico de un empleado de la categoría A son $5.900 más tres adicionales en negro, lo cual suma $1.300. En total lo que gana son $7.200, eso es lo que se llevan desde marzo muchos empleados municipales. El intendente les dio un aumento del 14.5% en tres veces y el primer aumento fue en marzo”, señala Francisco.

Si uno analiza los incrementos a los funcionarios municipales, el contraste es notorio. Como anticipó Diario Somos, el jefe comunal se incrementó su dieta desde enero y pasó a cobrar más de $90 mil de bolsillo equiparándose con la jurisdicción provincial. “Él se equiparó con el régimen salarial de la Provincia que es totalmente distinto al nuestro. Es más, el Gobernador les había dado el 15.5% y aparte de un bono de $7 mil pesos a los empleados, mientras él le dio a los municipales un bono de $3 mil”, señaló el edil.

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“Ahora, con todo más ordenado como se ve, subí el sueldo al 95 por ciento del sueldo del Gobernador que es lo que gana un legislador. No me parece que un intendente con las responsabilidades que tiene, y no lo digo por mí sino institucionalmente, deba cobrar menos que eso. Todos los demás sueldos quedan enganchados al del intendente”, había aclarado por esos días Iglesias.

Lo cierto es que el aumento que se aplicó Iglesias en su salario estuvo acompañado del incremento salarial enganchado tanto de sus funcionarios como de sus concejales.“Nosotros le mandamos una nota para señalarle que la recomposición salarial que se dio él debería ser igual a la de los empleados municipales y no equipararse con un régimen distinto. Pero para argumentar este aumento, señaló que sus funcionarios no ganaban lo suficiente”, manifestó Francisco.

Los concejales se dieron un polémico aumento hace unas semanas y pasaron a cobrar más de $80 mil.

Recorte de cargos

La documentación sobre los presupuestos municipales de cada año, dejan en evidencia nuevas irregularidades y anuncios de campaña que quedaron en la nada. Cuando la idea era aplicar un recorte para ajustar el gasto municipal frente a la crisis y deudas que había dejado Luis Lobos, la medida pareció desvirtuarse.

“Nosotros hemos mandado la copia de los presupuestos con la cantidad de cargos que hay. Si se miran los presupuestos a los que nosotros nos hemos remitido, los cargos que están desde el año 2015 son exactamente los mismos en cantidad”, aseguró Francisco y los números oficiales confirman sus afirmaciones.

Con esto hace referencia a seis cargos de Subdirectores que se crearon en la gestión actual, entre otros, como las 137 “recategorizaciones” que realizó hasta julio de 2017 , junto a los 80 “nuevos cargos” en el presupuesto 2018, “sin que estuvieran debidamente incorporados en el Cuadro General de Cargos”.

El vínculo millonario de la corrupción en Guaymallén

Cuando la licitación está “cartelizada”, generalmente ninguna empresa reclama. Acuerdan antes de la licitación, esa es la logística casi ilegal que manejan con las contrataciones millonarias del Estado. “En general, cuando está cartelizado nadie se queja, le dan una obra a uno o le dan una obra a la otra y así. Se van repartiendo las cosas. Nosotros hemos hecho pedidos de informe y denuncias por estas situaciones pero tampoco recibimos explicaciones o respuestas”, aseguró Francisco.

Empresas como Freeway S.A. y Domingo F. Linares son tan legendarias en todos los gobiernos de Guaymallén que a esta altura nadie entiende cómo hacen, ni los propios funcionarios ni concejales, cómo es que siguen recibiendo millonarios fondos por parte de contrataciones municipales. Aún cuando son empresarios que están imputados y procesados por corrupción, y que fueron denunciados públicamente por funcionarios del oficialismo.

Aunque todos lo asienten en off, nadie los denuncia, ni toman cartas al respecto. “Las empresas del empresario Sergio Da Passano y Linares tienen contratos, tienen varios camiones alquilados, así que siguen trabajando”, afirmó Francisco.

En uno de los contratos, Freeway S.A. recibe el pago presupuestado en 5.100.000 millones de pesos, por realizar tareas para la deposición de residuos en el basural de Puente de Hierro: “Contratación servicio de operación y mantenimiento vertedero ubicado en Puente de Hierro”. Este servicio le fue adjudicado tras la licitación pública Nº 1167/17 , cuya fecha de apertura fue el 16 de octubre de 2017 .

En el trasfondo de Iglesias con esto hay dos lecturas para Francisco: “La primera es que el intendente utilizó todo eso y salió a hablar en desmedro de estas empresas, utilizó todo eso para instalar esta situación contra la gestión anterior, pero después no se pudo desdecir cuando se presentaron en tiempo y forma algunas de esas empresas a las licitaciones que llamaba la Municipalidad”. La segunda, es que “en lugar de denunciar pública y mediáticamente a estas empresas, Iglesias tendría que haber hecho la denuncia formal como corresponde. Si no lo ha hecho es porque de alguna manera se ha contradicho y lo único que hace es escudarse en lo mediático para instalar algo, pero no va a hablar de la profundidad del manejo de los recursos que se hacen en Guaymallén”, destacó.

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Hoy por hoy, frente a los antecedentes de un complejo proceso judicial por corrupción que envuelve a esos empresarios, el interrogante apunta a la garantía de legitimidad que tengan las actuales contrataciones. Lo más evidente de esta práctica, es que el contralor de las maquinarias alquiladas está en manos de Ruben Carrera, el mismo ex subdirector de Servicios Públicos de Luis Lobos. Además, por si fuera poco, en la Dirección de Control de Gestión del municipio, uno de los manda más y auditor es otro ex funcionario de Lobos, Javier García, el mismo que tiempo atrás supo ser el Director de Espacios Verdes de la comuna.

Rubén Carrera fue imputados por la Justicia en 2015 , a raíz de las causas por corrupción en la gestión anterior, tras la acusación hecha por el ex concejal del FIT, Federico Telera. Es que el agente municipal que las controla hoy, es el mismo que durante el gobierno de Luis Lobos habría hecho la “vista gorda” de algunos números millonarios que fueron denunciados y hoy descansan en los organismos de Justicia.

En uno de los últimos fallos del Tribunal de Cuentas, se manifiestan los cargos por la “falta de acreditación de la efectiva prestación del servicio de alquiler de camiones y maquinarias”, un hecho producido en 2014. Además, decidió “no eximir de responsabilidad” a los ex funcionarios de Lobos, multarlos y pedir a Fiscalía de Estado que avance en la denuncia penal.

En este marco, Rubén Carrera es uno de los empleados que a pesar de haberse jubilado, llamativamente la comuna le sigue pagando un “contrato de locación”. Lo que genera polémica acerca de esta modalidad de contratación es la necesidad de seguir conservando en funciones a un empleado, cuando el municipio supuestamente viene llevando adelante una política de ajuste en la estructura del municipio y ha procedido a desvincular a numerosos empleados que provenían de la gestión de Luis Lobos.

Guaymallén también recibe fondos de la Nación y de la Provincia para efectuar diversas obras, el problema es que todos esos recursos que repartieron surgen de la toma de una deuda nacional y provincial. De allí que muchos sostienen que los derroches, las irregularidades de los municipios, las pagan todos los mendocinos a futuro. La deuda hoy en la Provincia se ha multiplicado.

“Muchas de las obras que se están haciendo acá vienen con recursos de la Nación, producto de endeudamiento y vienen de la Provincia a través del programa de Infraestructura. Por lo cual, también se ve beneficiado el municipio por el endeudamiento del Gobernador que no es poca cosa”, afirmó Francisco y señaló: “Por todas estas cosas uno le tiene que dar transparencia a los recursos porque nosotros lo estamos pagando con deuda. Es más grave el tema porque encima es plata que el municipio no la debe devolver. Lo paga la provincia y es peor todavía eso porque es un despilfarro que no se regula como debería”.

Enriquecimiento “lícito” o “ilícito”: el patrimonio de Iglesias

En cuanto a las numerosas propiedades que dimos a conocer en patrimonio de la familia Iglesias, desde algunos bloques del Concejo Deliberante comenzaron a efectuar investigaciones para evaluar la legalidad de la propiedad del intendente.

“Lo que nosotros estamos tratando de ver es que a partir de la información que dio Diario Somos es en qué estado están esas propiedades, es decir, si están correctamente declaradas y empadronadas como corresponde. Nos cuesta muchísimo conseguir la información porque, por supuesto nos cierran el acceso. Pero no lo podemos hacer por pedido de informe porque los que hacemos el oficialismo no los aprueba y los deja en comisiones. Entonces nos vemos perjudicados y tenemos que buscar otra manera de tener la información y los datos, es otra cosa insólita que pasa en Guaymallén”, manifestó Francisco.

“Tenemos decenas de pedidos de informes por irregularidades que no contestan. Si te contestan un pedido de informe, lo hacen de forma incompleta, y puede pasar un año, dos años o nunca”, aseveró.

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