Los abogados ad-hoc de la Justicia de Familia de San Rafael, Segunda Circunscripción Judicial, se manifestaron que desde octubre se les adeudan los honorarios.

Cabe destacar que el monto máximo de honorarios regulados por proceso concluido es de ochocientos pesos, esto fue establecido mediante acordada en junio de 2013, y efectivizado en febrero de 2014.

Manifestaron que “este importe resulta irrisorio” si se tiene en cuenta “la devaluación sufrida por la moneda a lo que es dable agregar que a todos las áreas de la provincia (justicia, salud, educación, seguridad, legislatura) han visto incrementados sus ingresos, sin embargo a la fecha no existe una propuesta concreta de aumento de honorarios, pese a los reiterados reclamos realizados antes las autoridades competentes. Además que los gastos que genera la tramitación de los procesos–desde tinta papel, fotocopias, teléfono, traslado a los lugares de atención y juzgados distritales y departamentales, están siendo solventados en su totalidad por cada uno de los profesionales, con el consecuente perjuicio que ello genera”.

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La actividad que desempeñan tiene carácter social, y su importancia radica en la protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad dentro de la comunidad, especialmente los derechos del niño.

Gracias a ellos se está garantizando el servicio de acceso a la justicia gratuita para las personas sin recursos, que de otra manera perderían la posibilidad de peticionar ante los estrados judiciales y esto a costa de profesionales independientes.

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Ante esta situación es que los abogadas ad hoc en su comunicado manifiestan que debido a la gravísima situación arriba expuesta, se ven en la difícil y triste decisión de tener que suspender sus servicios ,hasta tanto se regularice la situación por la que están atravesando (cancelación de los siete meses impagos).

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Fuente: Mediamza.com

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