Uno es la creación de la Unidad de Prevención, Detección y Erradicación de Juego Clandestino y el otro, la modificación de la Ley Nº3.365 Código de Faltas, para agravar las sanciones de estas acciones ilegales. 
Este martes, la Cámara de Senadores tratará los proyectos de ley -de autoría del senador Marcelo Rubio (UCR)- sobre la creación de la Unidad de Prevención, Detección y Erradicación de Juego Clandestino en el ámbito del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza y la modificación de la Ley Nº3.365 Código de Faltas, que si bien prevé penas para este tipo de actividades con esta reforma se busca agravar las sanciones de estas acciones ilegales. 
A nadie escapa el desarrollo de grupos u organizaciones que, en diferentes niveles de nuestra sociedad, lucran con la explotación del juego ilegal. Esta situación nos obliga a repensar y reprogramar las estrategias estatales para combatir su explotación irregular y sujetar el desarrollo de la actividad al marco de la legislación correspondiente. 
En efecto, los ingresos provenientes de la explotación, organización o regulación del juego representan un importante y trascendental aporte para el presupuesto estatal. Todas las modalidades y expresiones de juegos de azar debidamente explotados deben destinar un porcentaje de sus ingresos al Estado, y estos pueden así ser canalizados hacia la educación, el deporte, la cultura, el desarrollo y la asistencia social en general. 
Esta es la gran diferencia que existe entre el juego regulado por el Estado, administrado y explotado por éste y el que es explotado ilegalmente por particulares. 
“Por eso, si bien son varias las nocivas consecuencias que se derivan de la impunidad de quienes lucran en forma ilícita con esta actividad, la faceta más negativa se vincula al hecho de que la proliferación del juego ilegal posibilita que enormes cantidades de dinero dejen de ser recaudadas por el Estado”, indicó el senador. 
En la actualidad, el juego ilegal sólo es considerado una contravención o falta, con penalidades de escasa cuantía, lo que nos lleva a encender la alarma acerca de la existencia de una especie de “vacío legal” en relación a la materia. 
“Ante esta situación se debe dotar al Poder Judicial y a la Policía de nuestra provincia de instrumentos jurídicos eficaces, toda vez que la realidad pone de manifiesto que la normativa vigente en la materia ha carecido de dicha eficacia, resultando en la práctica insuficiente para contener el auge de este verdadero flagelo”, remarcó Rubio.
Por todo esto, se propone la creación de una Unidad de Prevención, Detección y Erradicación de Juego Clandestino, que dependerá administrativamente y deberá rendir cuentas de sus actividades al Directorio del Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza, y la modificación del Código de Faltas de la Provincia, Ley N°3.365, para prevenir y reprimir la explotación u organización de juegos de azar tanto los no autorizados por la autoridad competente como los explotados u organizados sin la debida autorización.

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