Río Atuel: “Nos parece que la Corte dio un fallo apresurado”

El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, se refirió a las medidas a corto plazo en torno al fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre el conflicto con La Pampa por el agua del río Atuel. Ante esto, aseguró: “En corto plazo vamos a pedir que se forme esta primera reunión en donde esperamos que vengan representantes de La Pampa. La idea es pedir un veedor en la Corte y tratar de hacerlo en Buenos Aires para impedir hacerlo en alguna parte de la provincia que esté en litigio”.

“Nos parece que la Corte dio un fallo apresurado por el estado procesal, por eso no lo esperábamos. En algún punto ha querido dar una lleve para que se solucione el conflicto que venimos atrasando desde hace más de 30 años, reconociendo las realidades y los hechos de cada una de las provincias, y planteando con claridad que el problema del norte pampeano no es de Mendoza sino de la cuenca donde la Nación también tiene que aportar. Esos son los datos relevantes y es a lo que vamos a apuntar, y con muy buena fe vamos a hacer la reunión que se convoque. Tenemos 30 días para tratar de ponernos de acuerdo en un caudal que La Pampa ya ha planteado, incluso en su demanda, y tenemos 120 días más con posibilidad para ver el plan de obra con el que vamos a garantizar ese caudal”, contó Garay a Radio Nihuil.

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Ante la pregunta si será perjudicial para los pobladores del sur de Mendoza, consideró que no, porque señala que el fallo parte de la base al reconocer que hay un hecho que se basa en que “todos sabemos quién demanda el agua pero no sabemos de dónde sale el agua”. “También sabemos la crisis hídrica que tenemos, incluido el gran esfuerzo presupuestario que hacen los regantes del sur mendocino para haber invertido casi 100 millones de dólares en estos años y no obstante ello, no haber mitigado la crisis hídrica y por ello no estar regando la cantidad de hectáreas que existen en el fallo del 87”, agregó.

“Con claridad estamos partiendo de esa base y esa base reconoce otros hechos como que es un proceso de certificación del norte pampeano en el cual no tiene la culpa la provincia de Mendoza. Ese es un dato no menor, porque cuando uno reclama como lo hacía La Pampa de resarcir un año, siempre hay que buscar el que provocó el daño y la Corte dice que es un problema de la cuenca”, explicó el funcionario y agregó: “La cuenca no tiene agua, vemos cómo se logra más agua. Si bien la Corte rechaza la excepción del entonces juzgado que habíamos planteado, no lo hace porque no tenga valor el fallo de 1987, sino que lo hace porque el tema ambiental no fue discutido en este momento y que la solución del tema ambiental planteado por La Pampa debe encontrarse en nuevas obras que aumenten los caudales hídricos y no en secar hectáreas de regadío en el sur mendocino”.

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Según explicó Garay, “la Corte entiende que es un problema que no es mendocino, o sea que es un problema que también La Pampa tiene que aportar porque forma parte de la solución y a la vez por el convenio internacional contra la certificación trae al Estado nacional y lo hace responsable de aportar financieramente a las soluciones que se plantean”. Es decir, destacó que hay tres protagonistas obligados a aportar a las obras teniendo en cuenta algunos parámetros como quiénes se benefician con las obras, el uso actual del agua, entre otras cosas.

Con respecto a si será posible acordar con Verna, el gobernador de La Pampa, Garay explicó: “Yo soy optimista por naturaleza, por lo menos desde los ámbitos políticos que nos toca a mí y al Gobernador que conduce la provincia y los técnicos. Vamos a intentar que se llegue a un acuerdo porque en última instancia este paragua judicial donde la Corte tampoco fija criterios sino que nos deja a que las provincias y el Estado Nacional podamos llegar a un acuerdo, ese paragua nos puede llegar a permitir solucionar un problema de hace mucho tiempo que incluso genera enemistades con pobladores del norte pampeano y la misma provincia y los nuestros del sur”.

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