El control sobre perros peligrosos tiene al Gobierno en una disyuntiva luego de que el propio gobernador Francisco Pérez ordenara al Ministerio de Salud presentar un proyecto de reglamentación de la ley 7.633 en conjunto con las áreas de Gobierno y Ambiente.

La misma consiste en firmar el decreto o enviar a la Legislatura un nuevo proyecto de ley ya que la norma deja en blanco muchos aspectos álgidos, como el destino de aquellos animales que protagonizan ataques graves o reiterados, o los que sufren la explotación de sus propietarios en peleas o fueron abandonados. En qué instalaciones serán albergados y alimentados, durante cuánto tiempo, con qué presupuesto.

Además porque la ley originalmente hace foco en el animal y en los controles municipales pero no sobre la responsabilidad del dueño, que decide tener una mascota con características agresivas.

Aun así, la reglamentación posible sobre la ley 7.633 llegó a manos del primer mandatario y si bien no convence del todo a quienes lo redactaron ni al propio Paco, aclara algunos artículos de la norma y amplía otros.

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El contenido

Lo primero es el concepto de qué se entiende como un perro peligroso. A una serie de razas ahora se agrega que “son potencialmente peligrosos aquellos perros con una fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto; perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre 50 y 70 centímetros y peso superior a 15 kilogramos”. E incluye a los perros adiestrados para el ataque y la defensa.

El segundo punto fuerte es colocar un monto de $100.000 al seguro contra terceros que debe contratar el dueño para tener un animal con esa descripción, dentro del capítulo de la obligación de registrarlo ante el Municipio, responsable de otorgar la licencia o el permiso para comprar o recibir en el hogar al perro.

Exige que la obligación de la licencia sea extendida a quienes reciben de regalo un animal o lo compran fuera de una veterinaria, algo muy común. Es decir, el dueño del cachorro debe declarar a quién se lo entrega, con nombre, documento, dirección, entre otros datos, del próximo propietario, como si se tratase de una transferencia de un auto.

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En el mismo sentido, todos los comercios que se dediquen a criar animales para su comercialización o los traigan de otras provincias también deben registrarse ante las comunas, explicando qué razas trabajarán, en qué lugar las contendrán y quién es el veterinario responsable de los controles sanitarios.

Establece como criterio unificado la identificación del perro con un chip para registrar los controles.

Las multas

Sobre las consecuencias de no cumplir con estos requisitos, han sido estipuladas multas graduales, que van de $2.000 a $ 20.000 según la gravedad del caso y la reiteración de las infracciones, las que están contempladas en los incisos a y b del artículo 7 de la ley de perros peligrosos. También prevé que ante una persona atendida en los hospitales públicos, se proceda a cobrar los gastos al seguro contratado por el dueño o en su defecto al propietario.

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La reglamentación de esta ley espera desde hace 8 años, y tras los últimos casos registrados en el hospital Notti, en particular el ataque sufrido por el pequeño Lucas Molina, de 3 años, y su hermana Paula, de 8, en Guaymallén reavivó la polémica. Pero hasta ahora no han dejado de ser un caso más de los 5.000 que se producen al año en la provincia, según datos oficiales.

En tanto, la semana que termina en la Cámara de Diputados los radicales Julia Ortega y Víctor Scattareggia presentaron una resolución para solicitarle al Ejecutivo que proceda con la reglamentación del régimen de tenencia de perros peligrosos.

Fuente: Diario UNO, escribió Carina Luz Pérez

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