“Esto prevé un régimen tarifario específico para los clubes de barrio, pero también se alcanzaría a bibliotecas populares, asociaciones civiles dedicadas a temas de infancia, sociedades de fomento y la idea es que se paguen los servicios públicos que se utilizan pero que en los cuadros tarifarios tanto de luz, como de gas y telefonía se cree la categoría “entidad de bien público” diferenciada de la categoría “residencial” y de la categoría “comercio”. Porque muchas veces cuando se inscriben para recibir un servicio público, como no encuentran en el cuadro tarifario los asocian más a la categoría industria y comercio que a la categoría residencial. Estamos hablando de la aplicación de la alícuota con la que se fija el precio del servicio, no de no pagar el servicio”, señalaron los legisladores.

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La ley nacional 27.098, es el resultado del trabajo sobre una agenda nacional de las organizaciones sociales, tiene que ver con algunos ajustes que hay que hacerle a nuestro régimen jurídico de tal manera que se reconozcan las entidades de bien público. Son más de 5000 dirigentes sociales de todo el país que están tratando de llevar adelante esta agenda.

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“El proyecto de ley recorre las distintas leyes y exige la incorporación en los cuadros tarifarios de las empresas nacionales de esta categoría de bien público y después pide en su último artículo una adhesión por parte de las provincias y los municipios en los casos de los servicios públicos que estén prestados por empresas provinciales o empresas controladas por organismos provinciales”, agregaron Bianchinelli y Tanús.

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Si bien no existen estadísticas oficiales se calcula que hay alrededor de 100 mil entidades de bien público en todo el país. Con lo cual no estamos hablando de un espacio marginal, sino de un espacio más que popular y en el que participan millones de argentinos y argentinas a lo largo de todo el país.

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