El monitoreo de la calidad de vida de las personas privadas de la libertad podría llegar a tener avances significativos a partir de 2017. La “esperanza” se presume de los cambios iniciados en el futuro Ministerio Público Fiscal y el trabajo conjunto con la procuración penitenciaria y la Suprema Corte de Justicia.
Fue justamente el Tribunal Superior quien dio el primer paso, cuando a partir de diciembre de 2014 instituyó mediante una acordada que los jueces a cargo de los Juzgados de Garantías e Instrucción, Correccionales, de Faltas, de Menores, Cámaras del Crimen y de Apelaciones pasen a estar obligados a visitar los penales, con una periodicidad nunca mayor a tres meses. A esto le suma la necesidad de mantener entrevistas con los internos y elaborar informes sobre su calidad de vida.
A esto se suman los cambios propuestos en la modificación de la Ley 8008 que establece los alcances y funciones del nuevo Ministerio Público Fiscal. Si bien en un principio exime a los fiscales y funcionarios de monitorear la situación de las cárceles y hospitales psiquiátricos, en la práctica no habrá tal separación, ya que la creación de las fiscalías especializadas, como la de Violencia Institucional, los acercarán más a la cotidianeidad de las prisiones.
El procurador de las Personas Privadas de la Libertad (PPPL), Fabricio Imparado, destacó como “un avance la creación de la Fiscalía de Violencia Institucional, ya que mejora el control de las situaciones carcelarias”. “En las cárceles tenés todo tipo de hechos delictivos desde roturas de vidrios, celdas y otros bienes del Estado, además de peleas entre detenidos, por lo que los fiscales sí o sí van a tener que ingresar a los centros de detención cada vez que ocurra algo”, explicó.
Para aceitar este mecanismo, Imparado adelantó que ya ha solicitado una entrevista con el flamante procurador Alejandro Gullé, con quien espera “coordinar acciones”. “Este nuevo esquema nos empodera y brinda recursos al mecanismo contra la tortura”, señaló.
En un clima de reestructuración financiera, la PPPL también podría salir beneficiada. Según adelantó Imparado, se encuentran actualmente en tratativas con el Ejecutivo Provincial para incorporar un presupuesto propio para el próximo año, lo que le permitiría dotar de recursos humanos, vehículos y bienes de capital, que permitirán intensificar los controles y custodia de los derechos humanos de las personas que hoy se encuentran privadas de su libertad.
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