Fue una de las primeras medidas que tomó apenas asumió y que repitió año a año. Así, Francisco Pérez volvió a congelar por decreto el ingreso de personal al Estado hasta el 31 de diciembre de este año, argumentando la necesidad de una reducción de gastos. Sin embargo, desde la oposición le achacan un crecimiento en la planta de personal.

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el decreto 285, con fecha del 23 de febrero, en el que el gobernador vuelve a fijar un freno a todo incremento de la partida de personal, ya sea por designaciones, ajuste de la situación de revista, suplemento por subrogancia, contrataciones por el sistema en locaciones de servicio, de obra u horas módulo deportivo con personas físicas, aunque deja lugar a algunas excepciones.

La medida se tomó en 2012, con el primer decreto del año a pocos días de la asunción de Pérez, se repitió en 2013 y fue una de las condiciones de la UCR en 2014 para aprobar el Presupuesto. Sin embargo, desde el radicalismo denunciaron que el 20 de febrero se publicó el Decreto 2407/14, firmado en 30/12/14, por el cual Pérez ”decide liberarse de todas las restricciones impuestas por ley para nombrar personal en el Estado Mendocino”, señalan en un comunicado. Es que sostienen que no se incluye el párrafo que dice: “…No quedarán reconducidas las restricciones a las facultades propias del Gobernador establecidas para un ejercicio específico”, dejando así la puerta abierta al engrosamiento de la planta de agentes estatales.
Mientras tanto, en la norma publicada hoy, se justifica ”que en pos de mantener el equilibrio entre recursos y erogaciones del presupuesto votado, objetivo de esta gestión, y basados en un criterio de prudencia se hace necesario, si bien se están adoptando distintas medidas tendientes a incrementar la recaudación, adoptar simultáneamente medidas restrictivas del gasto público dado que existe la posibilidad de que haya erogaciones imprevistas o mayores a las originariamente consideradas en el presupuesto, como por ejemplo los incrementos salariales generados por acuerdos paritarios por lo que es conveniente reforzar las medidas tendientes a mantener el equilibrio de la relación recursos-erogaciones”.

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Pero aclara que que las medidas a tomar ”de ninguna manera resentirán servicios esenciales tales como seguridad, salud y educación”. ”Quedan exceptuados de lo aquí dispuesto las altas de personal que provengan de acuerdos paritarios y/o reemplazos en la Dirección General de Escuelas y la renovación de contratos de locación de servicios, de obra u horas módulo deportivo”, señala el decreto que lleva la firma del mandatario y todos los ministros.

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La medida alcanza a la administración central y organismos descentralizados, además prohíbe el incremento de porcentajes y el otorgamiento de nuevos adicionales por mayor dedicación, dedicación de tiempo completo, mayor horario y cualquier otro adicional de denominación similar que se financien con Rentas Generales, con excepción de los casos que provengan de acuerdos paritarios.

Además, instruye a los directores generales de administración a realizar todas las gestiones para que los empleados que estén en condiciones de acceder a la jubilación inicien los trámites correspondientes y en los casos que ya la obtuvieron, finalmente se retiren.

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Otra medida dispuesta es el retiro de teléfonos celulares a aquellos empleados que los posean y no sean ministros, subsecretarios ni directores.

La cantidad de empleados públicos que tiene Mendoza está desde hace tiempo en medio de la polémica. A mediados del año pasado, la consultora NOAnomics reveló que en la provincia hay un excedente de 14.000 trabajadores, basándose en la comparación del crecimiento poblacional de las provincias en los últimos 10 años y la cantidad de empleados que ha contratado el Estado.

Según el estudio privado, estos 14 mil empleados son al 21% del total de los estatales mendocinos.

Una década atrás el sector público tenía 74.100 empleados, entre los de planta permanente, contratados y horas cátedra de todas las reparticiones, y en 2013 llegaron a 97.100, según indicó el censo de empleados estatales.

Aunque estos números fueron cuestionados por el radicalismo, que sostiene que los empleados públicos de Mendoza superan los 108.000, y que hubo un incumplimiento de los decretos de congelamiento.

Fuente: SA

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