Podría tratarse de una de las estafas más grandes de la historia reciente de Mendoza, con más de 1000 familias perjudicadas. Por eso desde la Legislatura y ahora el Poder Ejecutivo aseguran que quieren buscar una solución. Los damnificados por los planes de vivienda prometidos y no cumplidos por el SPUNC (Sindicato del Personal de la UNCuyo) se reunieron con el gobernador Francisco Pérez y consiguieron su compromiso para seguir el tema y buscar una salida.

En la Legislatura, mientras tanto, también prometieron presentar un proyecto para expropiar los terrenos que están en conflicto.

El conflicto comenzó a gestarse hace años. El SPUNC promocionó planes de vivienda entre sus agremiados y abrió el juego a todos los mendocinos. Apuntaban a la llamada clase media y los planes consistían en la compra de un terreno donde luego se construiría una casa. Pero hubo muchos cambios: primero la promesa era que el IPV construiría, luego el Banco Nación y Presidencia a través de un convenio con la CGT. En total se vendieron 11 “proyectos” de barrio. Ninguno de esos planes se concretó, pero además aparecieron más problemas: a pesar de que las más de 1000 familias pagaron por los lotes (o estaban pagando) no podían escriturar porque había problemas de papeles y muchas irregularidades. Por eso los perjudicados comenzaron una serie de protestas (además de acciones legales).
Ayer Pérez recibió a un grupo de 50 representantes de los distintos barrios. En el encuentro el mandatario provincial se comprometió a analizar los diferentes casos en los que cientos de familias se han visto perjudicadas. En el encuentro, del que participaron también funcionarios del Gabinete provincial, se acordó trazar líneas de acciones para buscar soluciones, para lo que se puso a disposición de los damnificados el asesoramiento de abogados y técnicos.

El Gobernador designó a dos representantes del Ejecutivo provincial para que mantengan comunicación con los designados como delegados de cada uno de los grupos de los emprendimientos en conflicto.

Una de las dificultades que expusieron los daminificados, entre otras, es no contar con la cantidad total de personas que pueden encontrarse en la misma situación, por lo que desde el Gobierno se ofreció colaborar para conformar un registro de perjudicados.

Fuente: VoxPopuli

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