“En noviembre, Dios mediante, enviaremos Avalúo e Impositiva a la Legislatura provincial”, confirmó el gobernador Francisco Pérez. “Estamos esperando terminar algunos números acá y también cómo sale el Presupuesto nacional y con qué pauta”, subrayó. 

En algún momento de este fin de semana el Gobernador y su ministro de Hacienda, Juan Gantús (que estuvo dos días en Buenos Aires) terminarán de definir el grueso del borrador de las dos leyes clave para el año entrante.

No se descarta que -antes del envío a la Legislatura- exista algún tipo de contacto con el radicalismo en un intento de consensuar los trazos principales de ambos proyectos.

“La dirigencia de Mendoza tiene madurez política”, afirman en la Casa de Gobierno dejando abierta la posibilidad de estos encuentros sin que se aclare con quiénes ni cuándo. 

A diferencia de la ley de Presupuesto -con prórroga automática si no se aprueba la nueva pauta de gastos- la ley Impositiva tiene una vigencia anual y si no se sanciona una nueva norma antes de fin de año, la Provincia se quedará sin orientación para la recaudación de los gravámenes provinciales.

Simplemente, no habría alícuotas válidas para ningún impuesto, ni base imponible cierta sobre la cual aplicarlos, ya que ambos datos esenciales quedarían indefinidos.

Por lo tanto se espera un entendimiento  (antes y durante el tratamiento legislativo) en Avalúo e Impositiva, previo al de la pauta presupuestaria, en un año electoral como el próximo.

“Después tendremos el Presupuesto provincial”, anticipó Pérez lo que dejó la sensación de que -finalmente- habría dos envíos a la Legislatura: primero Avalúo e Impositiva y luego la pauta de gastos para 2015, aunque referencias previas desde el Ministerio de Hacienda permitían suponer la remisión de un paquete conjunto con las tres leyes.

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“La idea es enviarlo (al presupuesto) equilibrado y aspirar a que en 2016 tengamos déficit cero”, remarcó Pérez, estirando su promesa de irse en 2015 con una pauta sin números en rojo. Esto significa que el nivel de ingresos definirá el de gastos o, dicho de otra manera, la ley impositiva será determinante para 2015.

Detalles

Se descuenta que la ley Impositiva bajará a 3% los Ingresos Brutos para la actividad hidrocarburífera en consonancia con el acuerdo alcanzado con la Nación y las otras provincias productoras, que quedaría completamente aprobado esta semana en el Congreso Nacional.

Es muy probable que los proyectos de Avalúo e Impositiva de Pérez contemplen algún beneficio  compensatorio equivalente al de las petroleras para la actividad vitivinícola.

Y que esta ventaja pase por la flexibilización de las condiciones para acceder a las rebajas impositivas por cumplimiento. La medida sería extensiva también a empresas de otras actividades que sostengan el nivel de empleo. 

En la Casa de Gobierno confirman el impacto que alcanzó en el Gobernador la señal de alerta laboral que disparó en la provincia la crisis en Impsa. Al parecer, la intención de preservar el empleo será prioritaria en la definición de la ley Impositiva aun a costa de resignar ingresos fiscales.

Esto permite suponer una mayor ‘dureza’ en el nivel de gastos del Estado, lo que preanuncia paritarias estatales más duras con porcentajes de acuerdo (o desacuerdo) salarial menores a los de este año: 30,5 por ciento.

“Es claro que se ha caído la recaudación provincial, que ha disminuido la actividad económica, que hay un proceso inflacionario y también que la paritaria fue del 30,5 por ciento”, remarcó el Gobernador.

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Agregó: “No hay problemas en que podamos adelantar a enero la discusión paritaria (2015) con el gremio docente, que es el que siempre comienza la negociación, para que se inicie lo antes posible”. Resopló: “No tenemos margen para reabrir las paritarias (2014) y tampoco para un bono adicional (de fin de año)”. 

En ese sentido, aclaró: “Estamos hablando de que llegamos ajustados a pagar los sueldos y el aguinaldo. El 30 de noviembre tenemos que pagar 900 millones de nómina salarial, 500 millones de aguinaldo y los otros 900 millones de diciembre.

Es decir 2.300 millones, a los que se suman 400 millones más de proveedores normales. Son 2.700 millones. ¡Es mucho dinero!”, dijo al borde de la queja. 

Tasas

Según trascendió, el Gobierno estudia tomar el porcentaje de aumento salarial de este año (30,5 por ciento) como pauta de incremento mínimo para las tasas retributivas de servicios públicos.

Esto significa que una certificación oficial podría pasar de 65 pesos a 85 pesos; la inscripción del libro de higiene y seguridad de una empresa de 200  a 261 pesos; el balance de una asociación civil de 650 a 850; un certificado catastral de 120 a 156; el certificado de buena conducta de 35 a 46 pesos y el servicio de helicóptero -hoy entre 19 y 36 mil pesos- de 25 a 47 mil pesos.

Se descuenta que la ley Impositiva del año entrante mantendrá las modificaciones al Código Fiscal aprobadas para este año. Esto significa que la Administración Tributaria Mendoza (ATM) “podrá solicitar en cualquier momento un embargo preventivo, la inhibición general de bienes, el embargo general de fondos y valores depositados en entidades financieras o cualquier otra medida cautelar en resguardo del crédito fiscal”. 

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También podrá considerar como base imponible la del “doble del avalúo fiscal” que contempla la ley actual para Sellos, lo que podría significar fuertes aumentos sobre los impuestos patrimoniales (automotor e inmobiliario). 

Crítica radical por la deuda “más cara”

Desde el cornejismo salieron ayer a responder al gobernador Pérez, pero apuntando al estado de las cuentas públicas.

El diputado provincial Martín Kerchner remarcó que ayer el Gobierno licitó la segunda serie de letras de tesorería por $ 163.421.000 a 63 días de plazo e hizo foco en que “la tasa implícita en la operación resultó ser del 26,75%, la más alta del país, lo que implica un pago de $ 6,5 millones de intereses para cubrir un bache financiero de dos meses”.

En este sentido, para fundamentar que es la tasa más alta del país, enumeró que “la provincia de Buenos Aires colocó letras al 24,96%; Entre Ríos, al 24,50% y la Municipalidad de Río Cuarto pagó 24,74% de interés”.

Esto implica, agregó, que “para los inversores argentinos, entre los cuales se encuentran bancos públicos y privados, compañías de seguros, fondos comunes de inversión y demás inversores institucionales y privados, nuestra provincia tiene una situación financiera más delicada que sus pares ¿Eso no es mala praxis?”.

Después de preguntarse cómo se cancelarán esas letras si la Provincia aún no puede emitir un bono, remarcó que Pérez espera “hace meses la autorización poder endeudarse a largo plazo” y sugiere que “sería bueno que la vehemencia que utiliza el Gobernador para con quienes intentan que se ordene financieramente la provincia, la utilizara con la Presidenta y su ministro de Economía, que mantienen el bloqueo del endeudamiento”.  

Fuente: Los Andes

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