Los empresarios de la Cámara de la Construcción amenazan con suspender las obras que financia el IPV por la deuda que hay y así hay alrededor de 8 mil obreros que podrían quedarse sin trabajo. Según el Gobierno, la medida responde a una “decisión especulativa de parte de los empresarios del sector, que temen no cobrar durante la próxima administración provincial”. La posibilidad de que se les abone la deuda con un bono estatal, los inquieta y piden mayores garantías.

En la actualidad, el Instituto Provincial de la Vivienda posee un total de 7.310 viviendas en ejecución, distribuidas entre 5.362 obras nuevas y 2.448 ampliaciones. A lo que se suman otras 2.400, cuyos pliegos licitatorios permitirían que sean abordadas a partir de 2016. Por lo que cualquier tipo de parálisis o suspensión, repercutiría con fuerza en el sector.

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José Luis Lemos, secretario general de la Delegación Mendocina de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina), transmitió su preocupación sobre lo que define como “la peor desocupación de la última década, ya que quedarían más de ocho mil obreros sin trabajo”. El sindicalista explicó a Diario Vox que “el hecho de que no queden grandes obras en el horizonte –salvo la Villa Deportiva–, introduce más temor entre los trabajadores que quedarían en la calle”.

El sindicalista remarcó con preocupación “una retracción en el sector, que se mantiene de manera notable desde mediados de año”. Según Lemos, “la reducción en la mano de obra se ha llevado a cabo de una manera muy drástica en el último mes, donde algunas obras pasaron de emplear 25 obreros hasta reducirse a una quinta parte”. “Son señales demasiado claras de que algo ocurre”, indicó.

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Por su parte, el presidente del directorio del IPV, Omar Parisi, reconoció la baja en el ritmo de certificación de obra e intentó explicar este fenómeno como el “resultado de un trabajo de especulación de parte de los empresarios, que ven con desconfianza la posibilidad de cobro en los próximos meses”. “En este momento les estamos debiendo $90 millones correspondientes a las liquidaciones presentadas desde marzo, un monto insignificante comparado con los $3.600 millones que pagamos en los últimos tres años”, destacó.

Según el funcionario, “la incertidumbre de cobro no es contra este Gobierno, sino con la imposibilidad de vislumbrar una solución durante la próxima administración provincial”.

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Por lo pronto, Jorge Sanchís, presidente de la delegación mendocina de la Cámara Argentina de la Construcción, explicó que la medida de suspensión de las obras responde a “la necesidad de que no se siga generando deuda con los empresarios”. Asimismo reiteró su preocupación por “recibir como medio de pago un bono provincial sin una garantía que respalde su cobro”. “Hasta el momento, nadie del próximo gobierno se ha acercado a decirnos cuál va a ser el plazo de esos bonos ni el interés”, agregó el representante de los empresarios y advirtió que “no les vamos a firmar un cheque en blanco”

Fuente: Vox

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