Luego de 30 años, el Gobierno de Mendoza, a través DE su máximo responsable, Francisco Pérez, concretó una importante reparación histórica a familiares de una víctima del aparato represivo de la última dictadura militar. Se trata del cumplimiento de la Ley 8547, por la cual se lo otorgó una indemnización de $300 mil a Blanca Villegas, por la muerte de su esposo Benedicto Ortiz, asesinado en 1982, cuando participaba de una marcha en la que se pedía el regreso a la democracia.

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Participaron de la reunión, familiares de Ortiz, además de su esposa, sus hijos Raúl y Ana, su yerno Javier Videau, su nieto y Juan Carlos Quaglini, amigo del sindicalista asesinado.
En representación del Gobierno estuvieron presentes, además del ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Guillermo Elizalde, la subsecretaria de Derechos Humanos, María José Ubaldini.

José Benedicto Ortiz

El 30 de marzo de 1982, el Secretario Gremial de AOMA participaba de una marcha convocada por la CGT Nacional. La movilización tenía como objetivo pedir la modificación de la política económica y el regreso de la democracia. Durante la marcha, de la cual participaban alrededor de 700 personas, fue ultimado por disparos de Gendarmería.

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Falleció el 3 de abril de ese año como producto de las heridas que le provocaron, aunque el parte médico indicó ”muerte por neumonía”.
El ejército retiró las cintas de canal 9 que servían de prueba clave. El entonces fiscal Carlos Ernesto Fuego dictaminó que ”el fallecimiento de José Benedicto Ortiz se debió a un acto propio, solamente a él imputable y no cabe responsabilidad alguna del Estado Nacional, toda vez que el hecho que causa la muerte es culpa exclusiva de la víctima”.

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Dadas estas circunstancias, la provincia otorgó el monto mencionado en carácter de reparación histórica a la familia del dirigente sindical en su lucha por la recuperación de la democracia.

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