Cabe recordar que el acuerdo de 1992, conocido como “Pacto Fiscal I”, tuvo como finalidad financiar las obligaciones previsionales nacionales, determinando en su cláusula primera que: “A partir del 1º de Setiembre de 1992, el Estado Nacional queda autorizado a retener un 15 % de la masa de impuestos coparticipables .Dicho “Pacto Fiscal I” fue objeto de prorrogas realizadas por fuera del mecanismo del denominado “Federalismo de Concertación”.
 
La ratificación del acuerdo Nación-provincias prevé una reducción de la detracción del 15%, a razón de tres puntos porcentuales por año calendario, quedando configurada la misma de la siguiente manera. Año 2016: “Doce Puntos Porcentuales. Año 2017: Nueve Puntos Porcentuales. Año 2018: Seis Puntos Porcentuales. Año 2019: Tres Puntos Porcentuales. Año 2020 y sucesivos: Cero Puntos Porcentuales”, tal como consta en la fundamentación del Poder Ejecutivo..
 
La media sanción de Diputados, autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito hasta el porcentaje y en las condiciones previstas por el Artículo 3 del Acuerdo ratificado por la presente ley, en un todo de acuerdo con las prescripciones de los Artículos 60 y 66 de la Ley Nº 8706.
 
“Transitivamente, el acuerdo beneficiará a los Municipios, en tanto, la eliminación gradual de la detracción significará para la Provincia de Mendoza la obtención de mayor cantidad de fondos coparticipables, engrosando la masa a distribuir entre los Municipios de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 6396 y modificatorias”, señalan los fundamentos..
 
Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo, “a otorgar a los Municipios de la Provincia que adhieran a la presente ley, dentro de la operatoria que establece el Artículo 3º del Acuerdo que se aprueba, un préstamo destinado a financiar obras de infraestructura, bienes de capital  y/o erogaciones corrientes, por un monto que no podrá superar las proporciones establecidas en la Ley Nº 6396 y modificatorias para cada Municipio, en un plazo máximo de 90 días corridos de recibidos los recursos por la provincia”..
 
La instrumentación de los préstamos a los Municipios establecida en el artículo anterior deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, quedando exceptuada la misma de las autorizaciones previas que establece la Ley Nº 7314 y sus modificatorias.
 
Además, se invita   a los Municipios de la Provincia a adherir a la presente ley, ello conforme a  los mecanismos establecidos por la Legislación vigente.
 
Al iniciarse el debate el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, diputado Jorge López (UCR), sostuvo que “ratificar este Acuerdo es una avance para la provincia porque va a recuperar masa coparticipable. Además es una muestra del gobierno nacional de avanzar en el federalismo real e importantes beneficios para los municipios que se verán reflejados en obras”.
 
Durante la sesión, Cecilia Soria, del PTS – FIT, adelantó el voto negativo de su bloque y argumentó que “este Acuerdo no nos va a significar un gran cambio” y sumó además que “quienes pagarán el endeudamiento será el pueblo”.
 
Marcos Niven, del bloque Demócrata, opinó que “es una ley perfectible pero sirve para devolver a Mendoza lo que ha sido retenido injustamente”. Según el diputado, con este acuerdo “se está haciendo justicia y nos permitirá mejorar los servicios para los mendocinos”. En este sentido adelantó su voto favorable en general, pero se opuso a los artículos 2 y 3.
 
Desde la Unión Cívica Radical, César Biffi argumentó que al ratificar el Acuerdo “estamos recuperando los recursos que desde 1992 le dimos a la Nación”, al tiempo que calificó como “ventajosas” las tasas de devolución estipuladas en el convenio “tanto para Mendoza como para los municipios”.
 
El diputado Javier Cofano del bloque del FPV, indicó que estaban de acuerdo con “los argumentos vertidos para la aprobación de la ley”. Sin embargo, formularon modificaciones en el artículo 2, que fueron aceptadas por el oficialismo. “Queremos – sostuvo Cofano – beneficios adicionales para los municipios”.
 
Por su parte el diputado Héctor Fresina (FIT) quién adelantó su voto negativo a la norma, dijo que el proyecto está dentro de un paquete “contra las jubilaciones” y a favor del “blanqueo de los capitales”.

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