Según señalan los fundamentos de la iniciativa, el objetivo de la ley que se pretende derogar era ”incentivar a dichos agentes a sanear definitivamente su situación patrimonial, otorgándoles un plazo perentorio para tal ordenamiento, y así evitar la aplicación de las sanciones contenidas en el art. 67 inc. g) del citado Decreto – Ley”.

En ese sentido, Ilardo sostiene que ”lejos de aquellos propósitos, la mentada ley generó una situación injusta, ya que se castiga el ejercicio de un derecho otorgado por una Ley Nacional, en este caso la Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, que faculta a toda persona a declararse en concurso con el fin de lograr una reorganización de sus finanzas, para poder afrontar sus obligaciones. No es un dato menor, el grave perjuicio institucional que podría ocasionar a la provincia de Mendoza, la cesantía de más de 5000 empleados públicos”.
En su alocución el diputado dijo que se siente ”parte de un proyecto político en el que el cuidado de los puestos de trabajo, la creación de los mismos y la lucha por los derechos de los trabajadores ha sido uno de sus pilares”, y afirmó que ”el proyecto político que encabeza la presidenta Cristina Fernandez de Kirchner es el que más ha hecho pos los derechos de los trabajadores”.

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Además, manifestó que derogar esta norma, ”es la mejor manera de terminar con esta injusta situación”, mientras añade que además, ”no debemos dejar de lado el más importante” de los argumentos, y que es ”la grave situación en la que se encontrarían un alto número de familias mendocinas, al quedar sin el sustento económico necesario para una vida digna, y sin uno de los derechos constitucionales más importantes consagrados en nuestra Carta Magna provincial y nacional, el derecho a trabajar”.

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